Contraloría evidenció 12 hallazgos fiscales por más de $16 mil millones en el Acueducto de Bogotá
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Doce hallazgos con incidencia fiscal por $16.804.832.130, al igual que 36 hallazgos administrativos y 12 con presunta incidencia disciplinaria evidenció la Contraloría de Bogotá en el más reciente informe de auditoría practicado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
La Contraloría informó que el mayor hallazgo, en cuantía cercana a los $7.573 millones, se detectó en la Planta de tratamiento Salitre, Planta de Tratamiento Canoas y Estación Elevadora Canoas, así como en el interceptor Tunjuelo-Canoas que lleva las aguas a la estación elevadora; obras que hacen parte del Sistema de Alcantarillado de Aguas Residuales del Distrito.
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El equipo auditor determinó que obras no ejecutadas u obras faltantes del interceptor Tunjuelo Canoas, incluyendo cámaras y pozos de inspección, así como parte de la estructura del túnel de emergencia y obras complementarias que no se realizaron, generaron detrimento a las arcas del Distrito.
Se trata de un contrato llave en mano, en el que el contratista es el responsable del diseño y de la construcción; es decir que debió realizar todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha del sistema por un precio acordado en un tiempo determinado.
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Otro hallazgo fiscal determinado dentro de la auditoría tiene que ver con el pago de intereses y sanciones por mora por impuesto predial pagado de manera extemporánea, es decir fuera del plazo establecido por la Secretaría de Hacienda Distrital y que corresponde a las vigencias 2012, 2016, 2017, 2018 y 2021, por cuantía aproximada a los $4.030 millones.
Los restantes hallazgos, por una cuantía cercana a los $9.231 millones, tienen que ver con inconsistencias y desactualización en reporte de información de macroproyectos, incoherencia en la articulación de las metas de macroproyectos, deficiencia de los productos de diseño, deficiencias en diseños, deficiencia en planeación, contratación de obras sin permisos, una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios y una multa impuesta por la Corporación Autónoma Regional, CAR, entre otras.