Durante un debate de austeridad en el gasto público desde el Concejo de Bogotá, Rubén Darío Torrado, concejal del Partido de la U, reveló que desde la Secretaría de Hacienda no se han impartido directrices para que las entidades gasten los recursos de manera responsable.

La discusión se centró en cuestionar los grandes gastos de la ciudad que no han contribuido significativamente a mejorar las condiciones de vida de los bogotanos. “En la capital del país hay una feria de despilfarro de los recursos públicos”, dijo.

Uno de los temas que más llamó la atención, es el que involucra al alcalde Enrique Peñalosa con el contrato de tres cocineros personalizados. Según Torrado, el mandatario local “contrató por medio de la Secretaría General de la Alcaldía a tres cocineros personalizados” para que atiendan cada una de sus reuniones con “disposición 24/7”, servicio que le cuesta a los bogotanos 159 millones de pesos al año.

Sobre arriendos, puso en evidencia que varias entidades dispersas por la ciudad que no cuentan con una sede propia, están gastando importantes recursos en alquileres en zonas exclusivas.

Algunas de las cuestionadas por los exagerados costos en arriendos son TransMilenio; Veeduría Distrital; Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial; Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia; Empresa Metro y Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano- ERU, entre otras, por las que la administración anualmente paga una cifra cercana a los 40.000 millones de pesos por concepto de alquileres.

Torrado también enfatizó en el negocio de los arriendos con muebles, denunciando que la Secretaría de Seguridad, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Veeduría Distrital, la ERU y el Instituto de Protección Animal contrataron a dedo a la empresa Famoc Depanel para el requerimiento de nuevas sedes.

“Lo más grave no es la selección a dedo de la empresa, sino que esa empresa no brinda soluciones inmobiliarias, se dedica es a la fabricación de muebles y divisiones para oficinas. Todas estas entidades están contratando con una empresa que ni siquiera es la propietaria de las oficinas”, recalcó.

El cabildante insistió en que “tienen el negocio redondo” porque “subarriendan los inmuebles y dotan las oficinas, con lo que aseguran que su producto circule, hacen que les aseguren los muebles, cobran casi lo mismo por mobiliario que por metro cuadrado del inmueble, y al finalizar se quedan con los muebles que ya cobraron”.

De la misma forma, el concejal se mostró preocupado por la contratación de personas con salarios exorbitantes y con funciones similares a las de algunos directivos de la Alcaldía.

“La ciudad no está pagando por ninguna asesoría, sino porque estas personas acompañen al alcalde a eventos o asistan a reuniones que ni siquiera organizan ellos mismos”, denunció, al exponer que solo para el 2018, “Bogotá va a dejar en bolsillos de estas personas, 2.087 millones de pesos”.

Almuerzos de 67.000 pesos, cubiertos exclusivos de 209.000 pesos, cargadores de más de 101.000 pesos y tapetes de 37.000 pesos, “son algunos de los excesivos gastos que funcionarios del Distrito hacen con dinero de los bogotanos”, declaró. 

Finalmente, rechazó lujos innecesarios de más de 3 millones de pesos por parte de funcionarios públicos, poniendo el ejemplo de María Claudia López, secretaria de Cultura, que solicitó el iPhone 8 para poder realizar sus funciones. “En otras secretarías el celular favorito también es iPhone, teniendo un total de 71 equipos”, concluyó.

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