A la 5 de la tarde venció el plazo para que el Gobierno nacional y distrital presentaran el informe que con urgencia solicitó el Tribunal de Cundinamarca sobre el uso de la fuerza y la violencia de parte de la Policía y los manifestantes luego de los hechos violentos registrados en medio de las protestas.

Después de tres días de reunión en los que discutieron un posible protocolo nacional para el manejo de protestas y control de disturbios, la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá acordaron solicitar 60 días de plazo adicional para elaborar el documento final, pues el tiempo otorgado por la magistrada Nelly Villamizar era insuficiente para pactar entre las partes un documento definitivo.

A juicio de la Alcaldía de Bogotá, el borrador de protocolo presentado por el Gobierno nacional el lunes era inconstitucional y limitaba el derecho a la protesta en la medida en que incluía pólizas a cargo de los manifestantes, prohibía el uso de capuchas y delegaba a comandantes de policía decisiones que le corresponden a los alcaldes como autorizar la intervención de la fuerza pública en situaciones de exaltación.

En el informe, además, pidieron aclaración sobre las órdenes impartidas, en el auto la magistrada pide que se adopten medidas de corto, mediano y largo plazo lo que para el Gobierno nacional se significa la elaboración del protocolo, pero para el Distrito esas medidas, van más allá, como la capacitación de los uniformados, la verificación de sus antecedentes y labores inteligencia para evitar las infiltraciones de las manifestaciones.

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Las partes manifestaron ante el Tribunal, el interés conjunto de sacar adelante un protocolo nacional para lo que pidieron plazo adicional que caducaría en noviembre.