Un grupo de indígenas realizó este viernes un plantón para rechazar la violación de la niña de 12 años del pueblo Embera Chamí por parte de siete soldados, que ya fueron enviados a la cárcel.

La protesta se realizó frente al monumento a los Héroes Caídos en Acción, ubicado en una amplia plazoleta a pocos metros de una sede del Ministerio de Defensa en el occidente de Bogotá.

La niña fue secuestrada y violada el pasado lunes en el caserío de Santa Cecilia, departamento de Risaralda, por siete uniformados del Batallón San Mateo, un hecho que fue repudiado unánimemente por la sociedad.

Varios de los asistentes al plantón, la mayoría mujeres jóvenes con niños cargados en su espalda y utilizando tapabocas, dijeron que estaban allí para rechazar la violación de la niña y pedir que a los culpables se les aplique la justicia.

Los indígenas izaron pancartas en las que se leía, “Fiscalía cómplice de violadores corruptos asesinos” y otras alusivas a jóvenes desaparecidos, campesinos asesinados y mujeres violadas.

La violación de la niña indígena provocó no solo el repudio unánime de la sociedad a los agresores, sino que también generó una polémica porque según abogados penalistas la acusación de la Fiscalía estuvo mal hecha porque no corresponde al delito que cometieron los militares.

Los uniformados fueron acusados del delito de acto sexual abusivo, pero los penalistas consideran que lo que debió imputarse era acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.

‘’Ambos delitos tienen penas similares, alrededor de 30 años, pero su connotación es distinta porque el delito del que se les acusa supone el consentimiento de la víctima. De entrada no me cabe en la cabeza que una menor de 12 años consienta tener relaciones sexuales con siete desconocidos. El delito de acto sexual abusivo supone que el menor de edad consiente (la relación), está de acuerdo. Lo que pasa es que la ley no le da ninguna validez a ese consentimiento y por eso se penaliza‘’, indicó el director del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate.

Al mismo tiempo resaltó que, ‘’el problema no es la sanción, el problema es del mensaje y de la forma como se está revictimizando a una mujer‘’, y agregó que la pena no será de 30 años (la máxima que estipulan las leyes) sino será aproximadamente de 19 años pues ninguno de los acusados tiene antecedentes penales.