Por primera vez el Ministerio de Trabajo y la Contraloría General hacen una revisión detallada a la gestión de las juntas de calificación de invalidez, que aunque tienen carácter privado manejan dineros públicos del sistema de salud.

Las juntas de calificación de invalidez son 17, una de carácter nacional y otras 16 regionales.

Están adscritas al Ministerio de Trabajo, son conformadas por particulares elegidos durante 3 años para resolver las controversias de los trabajadores con las EPS y las ARL, relacionadas con la pérdida de capacidad laboral y el otorgamiento de la pensión por invalidez.

Publicidad

 

 

Aunque son entes particulares, manejan dineros públicos del sistema de salud.

Solo el año pasado autoreportaron la recepción de 43.792 millones de pesos, la mayoría como pago por calificar a los trabajadores que reclaman pensión por invalidez.

Hasta diciembre las juntas de calificación de invalidez acumularon unas 40 mil solicitudes sin resolver, lo que disparó las alarmas en el ministerio de trabajo que por primera vez le solicitó a los entes de control su intervención.

 

 

Hicimos una auditoría a todas en Colombia y encontramos unas circunstancias que le entregados a la Contraloría para que investiguemos”, dijo a NotiCentro1 CM& el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.

De hecho, ya la Contraloría General inició una auditoría detallada sobre la gestión de las juntas de calificación de invalidez y su desempeño fiscal.

 

 

Algo que llama la atención del ministerio y el ente de control es el hecho de que en plena pandemia y a pesar de que las EPS y las ARL le pagaron a las juntas de calificación de invalidez por sus conceptos, éstas no estén al día con la resolución de las solicitudes elevadas.

No tenemos claro cómo ha sido la utilización de los recursos”, concluyó el ministro de Trabajo.