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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), celebró este martes la liberación de la joven salvadoreña Imelda Cortez y señaló que la decisión del tribunal es un “buen precedente jurídico” en el país centroamericano.
El Tribunal de Sentencia de la localidad oriental de Usulután absolvió a Cortez de los cargos de intento de homicidio, que según la Fiscalía cometió al tratar de abortar.
“El caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social, en donde se absuelve a una mujer que ha sido víctima” de violación y de un sistema judicial que criminaliza y es “injusto”, indicó la organización en un comunicado.
Agregó que la decisión judicial también es “un primer paso en la búsqueda de la justicia para Imelda”, dado que “el sistema judicial tiene el reto de generar otro precedente en el caso donde es víctima de violación por parte de su padrastro”.
El juez del caso, Hugo Noé García, dijo que la “joven no actuó con dolo” y que, de acuerdo con los informes médicos, “sufrió una grave perturbación de la conciencia luego de expulsar a su hija en una letrina” en una zona rural del municipio de Jiquilisco.
El juzgador decidió dejar en libertad a la joven, cuyo embarazo atribuye a las violaciones sexuales que sufrió desde que era menor de edad por parte de su padrastro, pese a que sus defensores y la Fiscalía habían acordado un proceso abreviado y el cambio de delito.
Esto implicaba que la joven debía confesar el cargo de abandono para obtener una pena de un año de cárcel, inferior al año y siete meses que ella había estado en prisión preventiva.
Arnau Baulenas, uno de los abogados de Cortez, explicó que la decisión del juez “obedece a su independencia y, aunque se planteó un cambio en la tipificación en el delito, él tomó la decisión de absolver a Imelda del cargo por el que era acusada inicialmente”.
De acuerdo al relato difundido por las organizaciones que apoyan a Cortez, ella sufrió desde los 12 años de edad abuso sexual por parte de su padrastro, quien también la embarazó, y es procesada desde abril de 2017 por el delito de tentativa de homicidio agravado.
El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.
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