Amnistía Internacional responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión «en ocasiones intencionalmente letal», durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, que entró en su día 42 y deja al menos 83 muertos según datos de ese organismo.

«Existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta», indicó Amnistía Internacional en un informe presentado en Managua.

Con base en la documentación obtenida, Amnistía Internacional considera que «no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales».

El estudio que se tituló «Disparar a matar» fue realizado en Nicaragua, entre el 4 y el 13 de mayo pasado, «para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos».

En el estudio se cifra en 51 las muertes registradas en 24 días en 6 ciudades de Nicaragua, pero la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dio este martes en una rueda de prensa la cifra actualizada de 83 casos documentados de fallecidos.

Dentro de la estrategia de represión, la organización humanitaria internacional denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y antimotines, la ejecución extrajudicial de personas, los actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación, la denegación de la atención médica en los hospitales o los intentos de control de la prensa.

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