En primera instancia el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura, como senadora elegida, para el período constitucional 2018 – 2022, de Aida Merlano Rebolledo, por cuanto se demostró que su campaña para las elecciones del 11 de marzo del 2018 vulneró los topes máximos de financiación electoral.

Según la demanda, el presupuesto para dicha campaña sobrepasó el monto máximo de gastos permitido para cada candidato, el cual fue establecido por el Consejo Nacional Electoral en poco más 884 millones de pesos.

Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano, la corporación judicial estableció que Aida Merlano gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido, según lo evidencian las pruebas que obran en el expediente, principalmente las recaudadas por la Fiscalía General de la Nación durante el allanamiento practicado el 11 de marzo del año que avanza en la sede de aquella campaña.

La sala encontró que Merlano Rebolledo, estaba al tanto de todo lo que allí ocurría y por ende, tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña para los comicios del 11 de marzo de 2018.

Además, según el alto tribunal, la renuencia injustificada de la exrepresentante a rendir el informe de ingresos y gastos de campaña, el incumplimiento del deber de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos y la falta de registro de los asientos contables en el “Módulo de Ingresos y Gastos” evidencian la intención de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal para, con ello, obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado de la República, como en efecto ocurrió.

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