Dos mujeres contrajeron matrimonio la madrugada de este martes en Costa Rica, que se convirtió en el primer país centroamericano en aceptar el casamiento igualitario.

La entrada en vigencia fue recibida con una transmisión en la televisión pública que repasó la historia de la lucha por los derechos de la población sexualmente diversa.

Instantes después de que entrara en vigor, Dunia Araya y Alexandra Quiros se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Costa Rica.

Costa Rica es el octavo país de el continente americano en aceptar el matrimonio igualitario, el primero en Centroamérica y el 29º en el mundo.

«Este cambio provocará una transformación social y cultural significativa que permitirá a miles de personas casarse ante un abogado», comentó el presidente Carlos Alvarado en la transmisión.

La aceptación de estos matrimonios fue el resultado de un fallo de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 2018, que declaró inconstitucional una disposición del Código de Familia que prohibía los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En el fallo, la sala constitucional dio a la Asamblea Legislativa un plazo de 18 meses para legislar al respecto y en caso de no hacerlo, la disposición sería anulada el 26 de mayo, como ocurrió.

La decisión se dio en respuesta a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en enero de 2018 determinó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos matrimoniales que las heterosexuales.

Otras posturas

Pero mientras la comunidad LGBTI celebraba, la diputada evangélica Nidia Céspedes rechazó el cambio legal y aseguró que se trata de «un día triste para la familia tradicional costarricense».

«La entrada en vigencia del matrimonio igualitario golpea el alma de generaciones de costarricenses, que cimentaron las bases de un gran país apegado a la familia y la vida», expresó Céspedes en un video divulgado en sus redes sociales.

Los legisladores evangélicos hicieron varios intentos de frenar el cambio legal, pero no reunieron el apoyo requerido para que el parlamento pidiera a la Corte Suprema de Justicia un aplazamiento en la medida.