La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresó en las últimas horas su preocupación por la posición del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a una investigación del secuestro y asesinato de un equipo periodístico.

A través de un comunicado la institución manifiesta su inquietud ante la postura presentada por Ecuador en una audiencia en Washington, sobre las medidas cautelares emitidas como consecuencia del secuestro de Efraín Segarra, Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes, miembros del equipo del diario El Comercio y la implementación del mecanismo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE).

Ecuador y Colombia dieron el pasado jueves su versión de los hechos ocurridos en marzo y abril de este año, cuando los integrantes del equipo fueron secuestrados y asesinados por un grupo escindido de las Farc autodenominado frente «Oliver Sinisterra».

La CIDH fue involucrada en el caso por los familiares ante la falta de respuestas en ambos países sobre la investigación del suceso.

Ecuador insistió en que tanto el secuestro como el asesinato se produjo en territorio colombiano, mientras que Colombia defendió que el secuestro fue en el lado ecuatoriano de la frontera.

Al respecto, la Defensoría apuntó hoy que «si bien el Estado ecuatoriano fue quien, ante los lamentables sucesos ocurridos con el equipo periodístico solicitó la intervención de la CIDH y la creación del ESE».

Por otro lado, afirma que «llama la atención las aseveraciones expresadas por el procurador general en las que indicó que el Estado ecuatoriano no aceptaría que se realice un peritaje en la zona de frontera, pues no se ajustaría al mandato del ESE y no formaría parte del plan de trabajo original».

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Censura también que el funcionario solicitara la conclusión de las labores del equipo especializado y la entrega del informe final y que se levanten las medidas cautelares emitidas por la CIDH.

En el escrito firmado este domingo por la defensora del pueblo encargada, Gina Benavides, se solicita que se permita la realización de todas las actividades previstas por el ESE, se considere la ampliación del tiempo previsto de operación y se revise la decisión de solicitar el levantamiento y archivo de las medidas cautelares.

También pide que continúen las investigaciones de los hechos sucedidos en la frontera norte de Ecuador con Colombia, «a fin de identificar y sancionar a los responsables y reparar integralmente a sus familiares».

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