A la espera de que la ONU abra una investigación sobre la guerra contra las drogas, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, instó este lunes al Congreso a reinstaurar la pena capital como castigo a crímenes relacionados con narcotráfico y corrupción.

«Solicito respetuosamente al Congreso que restablezca la pena de muerte para crímenes atroces relacionados con drogas y saqueo de fondos públicos», apuntó el mandatario en su discurso anual sobre el estado de la nación, en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado que inaugura el curso parlamentario.

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«Las drogas no serán aniquiladas a menos que logremos eliminar la corrupción, que permite que ese monstruo social sobreviva», advirtió en su discurso de más de una hora y media Duterte, que ha llegado a la mitad de su mandato con un apoyo del 85 %.

A pesar de su retórica beligerante hacia la corrupción, varios legisladores considerados aliados de Duterte, presentes en el acto, se han visto salpicados por ese tipo de escándalos, o incluso han sido procesados por ello.

Reimplantar la pena de muerte, que fue abolida en 2006, fue una de las promesas electorales del presidente y un proyecto de ley al respecto pasó en la Cámara de Representantes, pero se enquistó en el Senado, la cámara legislativa tradicionalmente más independiente.

Sin embargo, con el nuevo Senado que salió de las elecciones de mayo, en las que los fieles a Duterte barrieron a la oposición, se espera que su agenda legislativa salga adelante sin obstáculos los tres años que le quedan al frente del país.

De hecho, entre los nuevos senadores se encuentra el exjefe de la Policía, Roland «Bato» dela Rosa (arquitecto de los sangrientos operativos de la guerra contra las drogas), quien se ha comprometido en sacar adelante la ley sobre la pena capital.

En los tres años que Duterte lleva al mando, esa campaña se ha cobrado la vida de 6.600 personas, según la Policía, aunque grupos de derechos humanos elevan la cifra a 27.000 muertos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes de la ley o asesinatos cometidos por vigilantes vecinales amparados en el clima de impunidad de la campaña.

Debido a esos abusos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó a principios de este mes una resolución para investigar esa letal campaña, aunque el Gobierno ha asegurado que negará el acceso al personal de la ONU para tal fin.

Duterte no mencionó a la ONU, pero sí se refirió al examen preliminar que abrió hace más de un año la Corte Penal Internacional sobre la responsabilidad del mandatario en posibles crímenes de lesa humanidad en esa campaña: «Proporcionarme una celda cómoda y visitas conyugales ilimitadas», afirmó con tono sarcástico y desafiante.

Además de la pena de muerte, la agenda legislativa de Duterte incluye otras polémicas propuestas (pendientes de debate en el Senado) como rebajar la edad de responsabilidad criminal de los 15 a los 12 años y recuperar el servicio militar obligatorio.

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