El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, volcó toda la responsabilidad del lento proceso de vacunación contra el COVID-19 en su exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, quien renunció a finales de febrero en medio de la polémica por irregularidades y privilegios en el proceso.

Nosotros pensábamos que existía (un plan) porque en más de una ocasión se lo manifestó en los medios de comunicación, pero que seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro“, dijo el presidente de Ecuador.

 

 

 

Moreno habló al inicio de la vacunación en el hospital Monte Sinaí de Guayaquil, donde en su arremetida contra Zevallos aseguró que el actual ministro, Mauro Falconí, ha tenido que trabajar “todo el fin de semana sin descanso, para poder producir un plan que realmente pueda ser de utilidad“.

Y sobre las vacunaciones irregulares de ciertos privilegiados, que el Gobierno ocultó durante dos meses, Moreno abundó que “no es mi intención calificar el hecho de que el ministro haya tenido o no un plan escrito, pero sí es necesario que toda la gente manifieste con verdad, la razón por la cual se vacunó a las personas“.

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La arremetida contrasta con el apoyo incondicional que el mandatario había dado a Zevallos a lo largo de toda su gestión, que comenzó al inicio de la pandemia cuando dimitió otra ministra, Catalina Andramuño, alegando falta de recursos para afrontar la enfermedad.

La lista de privilegiados en la vacunación llevó a la apertura de una investigación por la Fiscalía, que hasta allanó la sede del Ministerio en Quito y las de un hospital para obtener las listas y transparentar el proceso.

 

 

 

Entre los vacunados aparecen miembros del Gobierno y del entorno de trabajo del Presidente, que hoy alegó que se debía haber manifestado “la necesidad” que tiene “un Gobierno de proteger a sus autoridades” para poder gestionar el país, y comparó la situación con una “guerra“, en la que “no puedo poner al general al frente de la batalla“.

Ecuador ha vacunado hasta ahora a unas 141.000 personas con la primera dosis, muchas menos con la segunda (unos 38.000), en un proceso lento que ha sido criticado por la opinión pública.