El gobierno de Estados Unidos destacó el trabajo que viene realizando la Jurisdicción para la Paz (JEP).

En su primer informe anual sobre los derechos humanos, el gobierno del presidente Joe Biden elogió los avances de la JEP para hacer justicia en el marco del conflicto “de manera compatible con el derecho internacional”.

De acuerdo al documento, “la JEP continuó tomando medidas efectivas para sancionar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos de una manera compatible con el derecho internacional

Asimismo, “incluyó actividades para adelantar el Caso 03, centrado en ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército”, señala el documento.

El documento indica que “al 31 de agosto, la JEP había recibido las “250 ‘versiones voluntarias’ de los presuntos perpetradores que relatan en sus versiones los hechos ocurridos durante el conflicto”

Asimismo, añadió “dichos testimonios llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en el departamento de Antioquia”, destaca.

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El gobierno del presidente Biden indicó que la Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar las denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas militares del Estado; mientras que la JEP es la que tiene la competencia para resolver y sancionar los crímenes cometidos en relación con el conflicto armado.

También, Estados Unidos detalló que en agosto de 2019 un pequeño grupo de disidentes de las Farc regresó al conflicto armado, “alegando que el gobierno no había cumplido con sus obligaciones en virtud del acuerdo de paz”.

A pesar de ello, destacó que excombatientes de las Farc “han estado participando en el proceso” y que siguen comprometidos con los tres mecanismos creados fruto del Acuerdo de Paz: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Finalmente, el informe anual destaca que la JEP “continúa investigando sus siete macro casos priorizados con el objetivo de identificar patrones y establecer vínculos entre los perpetradores y así, identificar a los más responsables por los abusos más graves durante el conflicto”.