El primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció el viernes la dimisión de su Gobierno, sacudido por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las ayudas sociales.

“El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa”, declaró Rutte.

“Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, solo se puede asumir una responsabilidad conjunta”, agregó.

Miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las prestaciones sociales, viéndose obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad.

Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 et 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.

Altos responsables políticos, entre ellos varios ministros, están acusados de haber preferido cerrar los ojos ante estas disfunciones, de las que eran conscientes.

La dimisión del Gobierno tiene lugar dos meses antes de las elecciones legislativas, previstas el 17 de marzo, y en plena crisis sanitaria, que ha obligado a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la pandemia.

El sistema político holandés permite la existencia de un “gobierno que ha dimitido”, que puede ocuparse de los asuntos corrientes a la espera de la formación de un nuevo gobierno o de nuevas elecciones.

El reporte de la investigación dijo que cerca de 10.000 familias habían sido obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios, lo que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios.

Describió el mal manejo, que se extendió durante una década, como una “injusticia sin precedentes”.