Por: Agence France-Press (AFP)

La Fiscal de la Nación de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista.

“Formulo denuncia constitucional contra José PedroCastillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señaló Patricia Benavides en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.

La denuncia incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias:  Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.

“Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, informó Benavides en redes sociales.

El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.

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¿Castillo lidera red de corrupción?

La operación incluyó la detención preliminar por 10 días de cinco exasesores gubernamentales de segunda línea. Entre las viviendas y oficinas allanadas figuran las de seis congresistas opositores, supuestamente coludidos con el gobierno.

La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Una cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, de 26 años, cumple 30 meses de prisión preventiva desde el 29 de agosto por supuestamente integrar dicha red. Entre tanto, la primera dama, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, Walter y David, también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país por tres años.

El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.