La Fiscalía de la ciudad septentrional italiana de Bérgamo, epicentro de la pandemia de coronavirus en Italia, interrogará a miembros del Gobierno sobre la gestión de la pandemia.

Los fiscales convocarán como «personas informadas» (es decir, sin atribuirles delito alguno), al primer ministro italiano, Giusseppe Conte; a la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, o al titular de Sanidad, Roberto Speranza, según avanzan hoy los medios, sin indicar cuándo y dónde testificarán.

La pandemia del COVID-19 ha infectado a más de 235.500 personas en Italia, de las que unas 34.000 han perdido la vida.

Pero los fiscales se centrarán en preguntar a los miembros del Gobierno por las razones que les llevaron a no aislar inmediatamente como «zonas rojas» los municipios de Nembro y Alzano Lombardo (norte), a la postre dos de los más damnificados.

Denuncias 

Este miércoles familiares de víctimas del coronavirus, agrupados en el colectivo «Noi denunceremo» (Denunciaremos), testificaron ante los fiscales y denunciaron que el Gobierno tardó demasiado en cerrar esos dos pueblos, que acabarían siendo de los más perjudicados.

En concreto no fueron aislados hasta el 8 de marzo, cuando el Gobierno decretó el cierre de toda la región de Lombardía y otros territorios aledaños, un paso previo al confinamiento de todo el país, efectivo desde el día 10 de marzo.

«Durante quince días viajamos, trabajamos mientras el virus circulaba. Si se hubiera cerrado desde el principio la provincia de Bérgamo, no habríamos tenido que cerrar Lombardía ni Italia», dijo hoy a los medios uno de los denunciantes, Stefano Fusco, quien perdió a su abuelo en una residencia de ancianos.

Los denunciantes sospechan que detrás de la decisión de no aislar inmediatamente estos dos municipios están los intereses económicos, ya que se trata de un área con una gran concentración empresarial en pleno motor económico de Italia, la región de la Lombardía.