El Gobierno nicaragüense ordenó la salida del país de la delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la publicación de un duro informe en el que el organismo internacional denunció la represión por parte del Ejecutivo de Daniel Ortega.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación centroamericana, el Gobierno informó que consideró como una extralimitación de facultades la labor que desempeñaba la misión en el contexto de la crisis nicaragüense.

Ante la expulsión inmediata; la delegación del organismo internacional sostuvo que, pese a que su misión se da por finalizada, continuará con su labor de monitorear e informar sobre la situación de Nicaragua, y apoyará a las víctimas.