El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó este martes a cabo la primera ejecución de un convicto por delitos federales en 17 años, apenas seis horas después que el Tribunal Supremo anulara la objeción de una jueza al procedimiento usado en la aplicación de la pena capital.

«Ley y orden», declaró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter poco después de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de dar vía libre a las ejecuciones.

Las autoridades en la prisión federal de Terre Haute (Indiana) ejecutaron a Daniel Lewis Lee, un exsupremacista blanco condenado en 1999 por la tortura y asesinato en 1996 de los tres miembros de una familia, cuyos cuerpos arrojó a un lago en Arkansas.

«He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino», dijo Lee en su declaración final. «Están matando a un hombre inocente», agregó.

En respuesta a la apelación de cuatro condenados a muerte, la jueza federal de Washington Tanya Chutkan había emitido el lunes un dictamen indicando que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena capital probablemente viola la Octava Enmienda de la Constitución.

La magistrada aseguró en su fallo que había pruebas suficientes de que el fármaco letal empleado en la ejecución, el pentobarbital, «produce sensaciones de ahogamiento y asfixia» y causa «dolor extremo, terror y pánico».

El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo se había negado a bloquear la ejecución de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para este mes y para agosto, la primera de ellas la de Daniel Lewis Lee.

El fiscal general de EE. UU., William Barr, ordenó el año pasado al Buró Federal de Prisiones que reanudara el programa de ejecuciones.

La última ejecución federal antes que la de Lewis Lee había tenido lugar en 2003 y actualmente quedan 61 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en EE. UU. en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.