Un juez abre una audiencia este lunes para resolver un pedido de prisión preventiva contra la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori por el caso Odebrecht, mientras Perú sigue en vilo en espera de conocer al ganador del balotaje del 6 de junio entre ella y el izquierdista Pedro Castillo.

La audiencia fue programada de manera virtual, por la pandemia de la COVID-19 con asistencia obligatoria de Fujimori y su defensa, y del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, según el Poder Judicial.

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La defensa de Fujimori pidió que esta fuese presencial mientras la fiscalía insistió en que se haga de manera virtual.

“Hemos solicitado al Poder Judicial que la audiencia donde se debatirá el nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko sea presencial para defendernos de un pedido arbitrario”, alegó la abogada Giulliana Loza en su cuenta de Twitter.

Pero el fiscal Pérez se opuso al pedido estimando que la defensa de Fujimori busca politizar el requerimiento de la Fiscalía en el contexto electoral.

 

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“Es un hecho público y notorio que en los últimos días, una pluralidad importante de sujetos vinculados al partido [fujimorista] Fuerza Popular y a la acusada Keiko Fujimori vienen ejecutando actos de hostigamiento, acoso, incitación al odio y a la violencia en agravio de las autoridades del Estado peruano”, señaló el fiscal en un documento enviado al juez Víctor Zúñiga.

El fiscal anticorrupción solicitó el 11 de junio “revocar la comparecencia con restricciones [libertad condicional] por prisión preventiva para Keiko Fujimori” en el marco del caso de presunto lavado de activos por aportes de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, argumentó el fiscal en su solicitud al Juzgado.

Fujimori, de 46 años, se presentó el 8 de junio en una rueda de prensa en Lima para pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de 802 actas -unos 200.000 votos- acompañada de Torres Morales, en calidad de asesor.

 

Un país en vilo

El juez Zúñiga tiene hasta tres días de plazo para decidir la suerte de Fujimori, pero no se descarta que lo haga en menos tiempo dada la presión existente.

El requerimiento de la fiscalía acapara la atención nacional pues el país está en vilo a la espera de la decisión del JNE que revisa la impugnación de miles de votos presentada por el partido de Fujimori, que favorecerían a su rival Castillo.

El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó el martes al 100% de mesas, otorgó a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori. La diferencia es de 44.058 votos.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori confía en revertir el resultado del balotaje del 6 de junio. La decisión del JNE podría demorar una semana más.

Mientras tanto, la tensión sigue elevada en el país, donde miles de partidarios de ambos aspirantes marcharon el sábado para defender sus votos dos semanas después de los comicios.

“No hay ningún temor de que se concrete esta prisión preventiva”, dijo Fujimori al reaccionar al pedido del fiscal, negando haber incumplido reglas de conducta impuestas por la justicia.

La candidata, que debe ir a juicio por este caso si no gana la presidencia, permaneció 16 meses en prisión preventiva hasta mayo de 2020. En caso de ser elegida, tendría inmunidad y solo podría ser enjuiciada al final de su mandato de cinco años, en 2026.

La fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori, que es investigada por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia.

La candidata salió de prisión en mayo de 2020 por la pandemia y un juzgado le dictó impedimento de viajar fuera de Perú o de comunicarse con los coimputados o testigos del caso.