La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los sandinistas, aprobó en sesión extraordinaria una ley que vetará las candidaturas de aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado.

Asimismo, a quienes alteren el orden constitucional y/o aplaudan la imposición de sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos.

La “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” fue aprobada con carácter urgente con 70 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

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El diputado opositor Maximino Rodríguez denunció que esa ley “discrimina a los nicaragüenses sólo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante“.

La ley, compuesta por dos artículos, establece que los nicaragüenses que encabecen actos contra “la independencia, la soberanía, y la autodeterminación“, no podrán optar a cargos de elección popular.

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Tampoco los que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo“.

Además, quedarán inhabilitados a optar a cargos de elección popular “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos“.

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El presidente del Congreso, el oficialista Gustavo Porras, defendió esa ley y sostuvo que la misma está fundamentada en el artículo 1 de la Constitución.

Esta se refiere a que “la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense“.

De igual forma, los legisladores sandinistas alegaron que la legislación penal señala que quedan limitados los derechos políticos de los nicaragüenses que incurran en actos contrario a la Constitución Política.