La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este martes que demandará a la Administración de Donald Trump después que el mandatario firmara un memorando que excluye a los inmigrantes indocumentados del conteo de cara a la representación legislativa después del censo.

«Nadie deja de ser una persona por falta de documentación», dijo James en un comunicado remitido a la prensa, en el que se tacha de «ilegal» el memorando y en el que se subraya que esta medida se ha llevado a cabo por el Gobierno de Trump para «cambiar el equilibrio de poder en el Congreso».

«Según la ley, toda persona que resida en Estados Unidos durante el censo, sin importar el estatus, debe ser contada», agregó James.

«Hemos vencido al presidente antes en el tribunal, y lo desafiaremos una vez más sobre el censo», aseveró la fiscal general, que señaló que continuará liderando la lucha de los indocumentados porque no permitirá que «las políticas anti-inmigrantes de la Administración Trump inclinen la balanza del poder en la nación».

La decisión del presidente estadounidense se dio a conocer este martes en un memorándum publicado por la Casa Blanca y firmado por el gobernante cuando aún se lleva a cabo el censo en el país, el cual concluirá en octubre próximo su etapa de entrevistas.

«A los fines de la redistribución de Representantes después del censo 2020, es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal», reza el documento, que no precisó el mecanismo para determinar la condición migratoria de los empadronados.

La decisión puede abrir una nueva batalla judicial en torno al censo en el país, que ya ha sido blanco de disputas después que el Gobierno de Trump intentara el año pasado incluir una polémica pregunta sobre la ciudadanía.

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El Ejecutivo dio marcha atrás de su intención luego que el Tribunal Supremo fallara en contra de la pregunta, al considerar que la Administración no dio una razón adecuada para agregarla.

En el memorándum de este martes, el Gobierno explica que, para distribuir los representantes de los estados, la Constitución requiere que se cuente la población cada diez años.

«Mi Administración no apoyará darle representación en el Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de Gobierno», argumentó Trump en una declaración posterior al memorándum.

Subrayó que la orden de este lunes «refleja una mejor comprensión de la Constitución y es coherente con los principios» de la democracia.

«Solía haber un momento en que se podía declarar con orgullo: ‘Soy ciudadano de Estados Unidos’. Pero ahora, la izquierda radical está tratando de borrar la existencia de este concepto y ocultar el número de extranjeros ilegales en nuestro país», apuntó.