El gobierno de Nueva Zelanda anunció cambios en la ley de armas a raíz del atentado de Christchurch que causó 50 muertos y 50 heridos, y que según la Policía fue cometido por un único asaltante, el australiano Brenton Tarrant.

La reforma legal fue acordada «en principio» por el Ejecutivo, que se reunió en Wellington por primera vez desde la masacre, y sus detalles se darán a conocer en un plazo de diez días desde los ataques, según detalló la primera ministra, Jacinda Ardern.

La mandataria no precisó, si la reforma incluirá la prohibición de la venta de armas semiautomáticas como las utilizadas en el asalto a las dos mezquitas, al asegurar que hay varias cuestiones que hay que abordar antes.

«Hay muchos neozelandeses que cuestionan que haya armas semiautomáticas disponibles», aseguró Ardern en rueda de prensa en la que quiso dejar clara la «completa unidad» del gobierno de coalición a la hora de modificar la ley.

«Como gobierno estamos absolutamente unidos y tenemos muy claro que el ataque del viernes en Christchurch fue nuestro peor ataque terrorista y que este puso en evidencia una serie de debilidades en la ley de armas de Nueva Zelanda», añadió la mandataria.

La armería Gun City, que vendió a través de internet cuatro de las armas que utilizó Tarrant, dio su «pleno apoyo» a la reforma de la ley, que Nueva Zelanda ha abordado sin éxito varias veces en el pasado, en una declaración de su propietario, David Tipple.

Tipple se ofreció a colaborar para «garantizar que cualquier revisión y cambio de legislación evitará otro incidente» tras reconocer que «no detectamos nada extraordinario sobre el titular de esa licencia de armas».

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El propietario de la armería también dijo que ninguna de sus tiendas vendió la semiautomática que aparece en el vídeo del asalto a la primera mezquita retransmitido a través de Facebook por Tarrant, al que la Policía considera como el único autor de la masacre.

Tarrant, que permanecerá en prisión provisional hasta que comparezca ante el Tribunal Superior el 5 de abril, renunció a su abogado de oficio tras ser imputado el sábado con un cargo de asesinato, según indicó el letrado, Richard Peters, al diario New Zealand Herald.

Peters describió al acusado como lúcido, sin muestras de arrepentimiento ni de ser mentalmente inestable, y señaló que sospecha que éste planea utilizar el juicio para hacer publicidad de su ideología extremista.

Además de él, otras dos personas permanecen bajo custodia si bien la Policía considera que ninguna de ellas estuvo implicada en la masacre.

Uno de ellos, un adolescente de 18 años, fue imputado hoy por un juez de Christchurch con dos cargos, uno por difundir el vídeo del asalto y otro por publicar durante la semana previa material que alentaba a la violencia, incluidas imágenes de la mezquita con las palabras «objetivo identificado».

La implicación de las redes sociales en los ataques llevó a la primera ministra a reiterar su demanda a estas plataformas para que tomen medidas para prevenir la incitación al odio.

Tres días después del atentado, 33 personas siguen ingresadas en el hospital, diez de ellas en estado crítico, casi todas ellas en el hospital de Christchurch, excepto una niña de 4 años y su padre que fueron evacuados a un centro de Auckland.