Expertos de la ONU expresaron su “gran preocupación” por las numerosas acusaciones de abusos sexuales contra menores en instituciones católicas y pidieron al papa que actúe.

En una carta enviada al jefe de la iglesia católica, los expertos condenaron las “medidas adoptadas por la Iglesia católica para proteger a los presuntos abusadores, ocultar crímenes, obstruir la rendición de cuentas de los presuntos abusadores y evadir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas“.

Según la misiva, todo ello ha conducido “a la impunidad de los delitos cometidos, la repetición de las violaciones durante décadas y al aumento del número de víctimas, así como a la falta de reparación y apoyo a las víctimas“.

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La carta, enviada el 7 de abril y hecha pública el lunes, está firmada por cuatro expertos, entre ellos los relatores especiales sobre tortura y sobre venta y explotación sexual de niños.

 

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La misiva señala que uno de los relatores envió una carta anterior, el 2 de abril de 2019, en la que se refería a casos de abuso y explotación sexual cometidos por clérigos en Australia, Estados Unidos, Polonia, Irlanda y Holanda, entre otros.

Queremos expresar nuestra preocupación por la falta de respuesta” del Vaticano, subrayan los cuatro expertos en su carta del 7 de abril.

Esta vez el mensaje menciona casos similares en Alemania, Bélgica, Francia, Chile, México, Argentina y Colombia.

También cita el caso de los internados religiosos para niños nativos en Canadá.

Este caso dio un giro en las últimas semanas con el anuncio, a finales de mayo, del hallazgo de los restos de 215 niños aborígenes en el emplazamiento de una de estas instituciones en la Columbia Británica (oeste de Canadá).

 

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“Lobby” de los miembros de la iglesia

 

Aunque algunas investigaciones han sido iniciadas por el Vaticano o por diócesis locales o nacionales, los informes apuntan a intentos persistentes por parte de la Iglesia Católica de proteger a los presuntos abusadores de la justicia secular“, dicen los expertos.

Además piden al Papa que tome todas las medidas necesarias para poner fin a estas violaciones y evitar “que se repitan“.

 

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También expresan su “preocupación por los continuos intentos de miembros de la iglesia de socavar los esfuerzos legislativos para mejorar la justiciabilidad de la violencia sexual contra los niños en las jurisdicciones nacionales” y denuncian el “lobby de miembros de la Iglesia para preservar la prescripción de estos delitos“.

En paralelo, los expertos afirman acoger con satisfacción “las nuevas normas establecidas por la Santa Sede para abolir el secreto papal en los casos de abusos sexuales“, entre otros.

Sin embargo, lamentan que “la petición de denunciar los delitos a las autoridades civiles no sea todavía obligatoria” e instan al Vaticano a hacerla obligatoria “lo antes posible“.