El Senado argentino convirtió en ley este viernes un impuesto extraordinario «a las 12 mil personas» de mayor fortuna para solventar la lucha contra el COVID-19, otorgar subsidios a la pobreza y créditos a Pymes, entre otras ayudas sociales de emergencia.

El proyecto quedó aprobado con 42 votos a favor y 26 en contra tras un largo debate que polarizó las fuerzas en una sesión transmitida en directo por YouTube.

La alianza progubernamental hizo valer su mayoría para aprobar el llamado «aporte solidario» que por única vez tratará de recaudar el equivalente a unos 3.000 millones de dólares.

«Nadie tendrá que vender máquinas ni campos. El tributo recae sobre la financiación de riqueza», argumentó la directora del ente tributario, Mercedes Marcó del Pont.

La jefa recaudadora del Gobierno de Alberto Fernández dijo que la gabela alcanzará «a casi 12 mil contribuyentes, que muestran disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar».

La norma cosecha un rechazo enérgico de la primera fuerza opositora, la neoliberal Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, quien dijo que se trata de una medida «confiscatoria».

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En coincidencia, la más influyente patronal, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), dijo que «afecta la propiedad privada, golpea la inversión, la producción y el empleo y produce un gran desaliento».

La discusión por el llamado popularmente «impuesto a los millonarios» se produce en un país con el 40,9 % de sus 44 millones de habitantes en la pobreza y cuya economía está en recesión desde 2018.

El desempleo es mayor al 10 % y la caída del Producto Interno Bruto (PIB) estimada para 2020 es mayor al 11 %, según el relevamiento del Banco Central.

Con un déficit fiscal que ronda los ocho puntos, desorbitado por los gastos frente a la pandemia, que deja más de 39.000 muertes y casi 1,5 millones de contagiados.