En junio, mientras Ciudad de México se embanderaba de arcoíris para celebrar la diversidad sexual y la inclusión, un hombre era encarcelado por “peligro de contagio”, delito adaptado a la pandemia de sida y que recobró fuerza con la de covid-19.

La imagen de Juan “N”, como lo identificó la fiscalía capitalina, fue difundida en foto y video. Su delito: no haberle informado a una expareja que era portador del VIH.

 

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El tipo penal se llama “peligro de contagio” y puede acarrear hasta cinco años de prisión a quien, sabiendo que tiene una enfermedad venérea o grave, infecte a más personas “por relaciones sexuales” u “otros medios”.

“El delito lo que hace es criminalizar a las personas que viven con alguna condición de salud, sea VIH o cualquier otra”, dice Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) del gobierno de Ciudad de México.

Las denuncias, único medio para perseguir el delito, han escalado en medio de la pandemia de covid-19.

 

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En 2020, la fiscalía de la capital abrió 78 investigaciones por “peligro de contagio” y ya suman 52 este año, según datos oficiales que no precisan qué enfermedad motivó las querellas.

Pero comparadas con las nueve denuncias de 2018 y las 12 de 2019, el impacto del coronavirus resulta evidente.

Aunque no hay reportes de nuevos encarcelamientos, la jefa del Copred considera “estigmatizante” investigar a un paciente de covid-19.

Con 2,7 millones de casos confirmados y 239.079 fallecidos, México es el cuarto país más golpeado por la pandemia en números absolutos.

– Estigma –
El “peligro de contagio”, presente desde hace décadas en el código penal federal, responde a viejos moralismos de raíz católica como castigar conductas “licenciosas”, según estudios académicos.

En los años 1990, el avance del sida llevó a endurecer la norma en el naciente código penal del entonces Distrito Federal.

“El delito de lesiones puede sancionar penalmente a una persona que de manera dolosa vaya y contagie a otra. Y si tiene la intención de hacerlo y no lo logra, tenemos el de lesiones en grado de tentativa”, explica González de la Vega.

La figura contradice así los principios constitucionales de dignidad humana y no discriminación por condición de salud.

En el caso de Juan “N”, la fiscalía lo expuso irreversiblemente al difundir la acusación, su rostro y datos personales.

“Es ilegal”, sostiene Jaime Morales, director de diversidad sexual del gobierno capitalino, que hoy trabaja en capacitar y sensibilizar al personal que divulgó la información.

El encierro de Juan, que duró una semana, fue por la denuncia de su expareja, cuyos abogados alegan que fue engañada y puesta en riesgo. La fiscalía argumenta que lo arrestó por no haber respondido a citaciones judiciales.

La jueza determinó finalmente que podía seguir el juicio en libertad. La AFP contactó al implicado y a su defensora, quienes se abstuvieron de declarar para no afectar el proceso.