Luego del decreto del presidente estadounidense Donald Trump que restringía la entrada de refugiados y de ciudadanos de ciertos países musulmanes se presentaron varias protestas y voces en contra, entre ellas la de la Fiscal Sally Yates. Su posición ocasionó que Trump la removiera de su cargo.

El director de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) Daniel Ragsdale también fue despedido y sustituido inmediatamente.

La fiscal Yates había detonado una crisis institucional al enviar una carta a su equipo poniendo en duda la legalidad y la moralidad del decreto firmado por la presidencia el viernes 27 de enero de 2017.

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«En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal», dijo Yates.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, emitió un comunicado acusando a Yates de haber «traicionado al Departamento de Justicia al negarse a implementar una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos».

Trump nombró al fiscal federal Dana Boente, del distrito oriental de Virginia, para reemplazar a Yates.