La Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia presentada en contra del presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, por haberse negado a remitir para su promulgación el acto legislativo que creaba 16 circunscripciones especiales para la paz.

La denuncia fue presentada por los congresistas Germán Navas Talero, Iván Cepeda, Alirio Uribe, Ángela María Robledo y Víctor Correa, quienes señalaron que el presidente del Congreso había incurrido en una conducta penal por no cumplir con su deber.

En su momento, el parlamentario Efraín Cepeda argumentó que ese acto legislativo se había hundido en la votación de la conciliación del Senado 50 votos a favor y 7 en contra, por lo que no podía enviarlo para su promulgación, puesto que había faltado un voto para su aprobación.

La Sala Penal de la Corte Suprema dictó auto inhibitorio y archivó el caso al considerar que la justicia penal no puede controlar los actos políticos del Congreso.

«La estructura democrática del Estado, por más importante y sensible que sea el tema, impide el control de un acto político desde la perspectiva del sistema penal. Eso por supuesto no significa que el Juez no piense políticamente, sino que su modo de hacerlo es realizando e incorporando los principios y valores fundantes del Estado al aplicar la ley, uno de los cuales es la separación de poderes», indica la decisión.

En este sentido se recuerda que una es la competencia de la Corte para conocer de delitos cometidos por congresistas cuando ejercen el cargo, y otra la responsabilidad de los congresistas al emitir votos y opiniones como elemento esencial de la división de poderes y de la democracia.

«Al tratarse de una decisión colectiva del Congreso que buscaba modificar la Constitución mediante el proyecto de acto legislativo, la Corte tiene claro que la discusión acerca de si se aprobó o no el acto reformatorio no es delito, así se defrauden expectativas legítimas de sectores vulnerados», puntualiza el Auto.