21/11/2017

El proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales (Bacrim) que presentó el Gobierno para lograr el desmonte de grupos ilegales como el denominado Clan del Golfo, no pudo avanzar hoy en las comisiones primeras de Senado y Cámara, por el ausentismo de parlamentarios.

Una proposición citando al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, par que hable del tema, no fue aprobada por falta de votos en la comisión de la Cámara y ya antes había sido difícil reunir los diez congresistas para aprobar la misma propuesta en el Senado.

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De esta manera comenzó hoy la discusión del proyecto de ley presentado por los ministros de Justicia y de Defensa y con la cual esperan tener los instrumentos jurídicos suficientes para que se desmonten los grupos armados ilegales.

El proyecto es tramitado mediante el procedimiento de “fast track”, que reduce los tiempos para su paso por el congreso.

Durante las dos horas en que estuvieron sesionando hoy las comisiones primeras, se escucharon muchas voces adversas a esa propuesta.

Aunque el uribismo considera que es una nueva concesión del gobierno a la delincuencia, como lo dijeron Paloma Valencia, Álvaro Hernando Prada y Santiago Valencia, la bancada del Centro Democrático parece que acompañará el proyecto, aunque con propuestas de modificaciones.

El más duro crítico fue Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical y muy cercano al candidato Germán Vargas Lleras, para quien esta ley va a darle un mal mensaje a la sociedad porque es una nueva claudicación del Estado y en su opinión es una demostración del fracaso de su capacidad para doblegar a los delincuentes.

Albeiro Vanegas, representante del Partido de la U, salió en defensa del proyecto, diciendo que así como en el gobierno de Uribe Vélez hubo negociación y sometimiento del Estado a los paramilitares, ahora se puede ejercer la autoridad sobre los criminales pero en un marco legal que permita que se desmonten organizaciones que les causan mucho daño a los colombianos.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, hablando a nombre del Gobierno, dijo que con este proyecto se busca la judicialización de un gran número de hombres y mujeres que pretenden abandonar la actividad delictiva y atender sus responsabilidades ante la justicia.

Y para el Gobierno es una herramienta para enfrentar de manera oportuna y eficaz la desmovilización colectividad de unas bandas a las cuales no se les concede el estatus político y se les aplicará la ley sin una justicia transicional.

“Aquí no estamos haciendo concesiones de ninguna naturaleza”, precisó el ministro Gil Botero, quien recordó que el Consejo Superior de Política Criminal apoyó el proyecto.

Se trata de desmovilizar entre 5.000 y 8.000 integrantes de las bandas criminales.

Algunos congresistas pidieron que el fiscal general exponga sus ideas sobre el proyecto, por lo cual fue invitado a que mañana se presente ante las comisiones primeras de Senado y Cámara, que fueron convocadas a sesionar conjuntamente a partir de las nueve de la mañana.

Carlos Ruiz – CM&