Consejo de Estado dejó en firme la investidura de Claudia López, en su condición de senadora de la República.

El alto tribunal tomó la decisión al negar la demanda presentada en su contra por supuesto conflicto de intereses, por no declararse impedida para participar en la votación y aprobación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia, a pesar que, según el accionante, enfrentaba procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia por esos dos delitos.

Señaló la corporación judicial, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, que Claudia López no tenía la obligación de presentar un impedimento, dado a que “la existencia de diligencias previas o preliminares en procesos penales no tienen vocación suficiente como para estructurar un conflicto actual y directo en cabeza del congresista, cuando este participa, delibera o vota un proyecto de ley que puede versar sobre asuntos de carácter penal”.

Agregó el magistrado que “no basta la formulación de una querella o una denuncia estructurarla, (…) pues se requiere una vinculación formal al proceso penal (…), entender lo contrario comprometería la potestad deliberativa del congresista, dado que bastaría formular en su contra una denuncia o querella para impedir su actuación en los asuntos del legislativo”.

Afirmó, que la exsenadora no tenía en su contra procesos penales abiertos, “donde estuviera formalmente vinculada por la presunta comisión de tales tipos penales”.

“En ese orden, no se advierte una situación objetiva que permita inferir si la entonces congresista vio turbada su intervención, obrando en contravía de la justicia, el bien común y el interés general”.