Condenan al Ejército y a la Policía por estigmatización de población en Boyacá

El Consejo de Estado condenó al Ejército y a la Policía Nacional por contribuir a que la población de Labranzagrande, Boyacá, fuera estigmatizada como supuestos auxiliadores de la guerrilla que operaba en esa región.

Esta es la primera vez que el alto tribunal condena a la Fuerza Pública bajo estos argumentos al encontrar que grupos paramilitares, con la colaboración de uniformados, instalaron un estigma sobre las personas basados en la coexistencia social y geográfica de ese pueblo con las Farc, sin importar que los intereses de ese grupo no hayan coincidido necesariamente con los de la gente.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron en diciembre de 2001, cuando un grupo de autodefensas detuvo un bus en el páramo de La Sarna, que cubría la ruta Sogamoso – Labranzagrande, Boyacá, y asesinó a 15 de sus ocupantes, excepto a dos niños y una mujer.

Once de los familiares de las víctimas demandaron al Estado asegurando que la masacre se cometió con la ayuda de la Fuerza Pública que no solo contribuyó con la creación del estigma, sino que lo alimentó incluso después de la muerte de las víctimas.

El alto tribunal estudió el caso y encontró probado que miembros de la estructura paramilitar reconocieron que la información sobre la cual planearon la masacre provenía de la Fuerza Pública.

La Sección Tercera de la corporación concluyó que la contribución de agentes del Estado a la consolidación de un estigma sobre una porción de la población civil es una anomalía grave, pues pretende justificar la violencia excesiva y actos de barbarie, como los que sistemáticamente se perpetraron en el conflicto. 

“La estigmatización obstaculiza abiertamente el ejercicio del derecho fundamental a la dignidad e impide que funcione como principio que irradia los demás derechos. Cuando el Estado participa en la creación de un estigma, él mismo renuncia a sus deberes de respeto, protección y garantía, y se convierte en centro generador del riesgo. Contribuye a la deshumanización de personas y pueblos, y abre la puerta a la cadena de conductas atroces contra ellos, que como efecto del estigma aparecen ante los demás como individuos o colectivos sin derechos, indeseables, anormales o peligrosos”, puntualizó la sentencia.

El Ministerio de Defensa tendrá que pagar a los familiares de las víctimas más de tres mil millones de pesos como indemnización por los perjuicios que ocasionó la Fuerza Pública.