05/10/2017

Al fallar una tutela el Consejo de Estado hizo serios cuestionamientos a los integrantes de la Policía Nacional, dado al actuar que han tenido con las mujeres a la hora de realizar procedimientos de tránsito o inspección.

Indicó la corporación judicial, que la Policía no debe pasar por alto que su deber es la de “proteger a la ciudadanía” por lo que recordó que los uniformados no pueden generar discriminación por género y acoso a una mujer “pues estas constituyen violaciones a los derechos humanos”.

El pronunciamiento lo hizo el alto tribunal al amparar los derechos de una mujer que en marzo de este año, fue detenida en un puesto de control de tránsito por dos policías que se le acercaron y le ordenaron que mostrara los papeles del vehículo y su documento de identificación.

No obstante, durante ese trámite se presentaron hechos que a juicio de la tutelante resultaron violatorios de sus derechos, pues cuando “sacó los documentos de la guantera del carro y se los pasó, se encontraba un cinturón hecho con cartuchos de balas vacíos que llamó la atención de los agentes”.

Pese a que intentó explicar el origen del cinturón, los policías concluyeron que “estaba cometiendo el delito de porte ilegal de armas” y que ese era un motivo suficiente para capturarla.

Sin embargo, los agentes empezaron a preguntarle de dónde venía, dónde vivía, en qué trabajaba, con quién vivía, cuánto ganaba, qué hacían sus padres. Cuestionamientos que aseguró haber respondido. Pero cuando empezó a preguntar por cosas de su vida personal se negó a responder.

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A juicio de la tutelante solo le devolvieron los papeles una vez ella le dio su número telefónico al uniformado luego de que este le impusiera esa condición para dejarla ir.

El agente dijo: ‘’listo, hagamos una cosa, déjeme invitarla a salir y aquí no pasó nada. Luego dijo que me iba a devolver el cinturón y mis documentos solo si le daba mi número de celular y que yo guardara el de él. Yo anoté mi número en su celular con mucho miedo. Romero me llamó inmediatamente para verificar que sí hubiera puesto mi número real. Me pregunto que si usaba WhatsApp y que me iba a escribir. A lo que respondo ya con mis papeles en mano ‘’gracias, buena noche’’ y me voy”, indica el fallo.

Por estos hechos el Consejo de Estado, determinó que los policías que participaron en la noche de los hechos sí incurrieron en un acto discriminatorio en contra de la accionante, pues no existe justificación constitucional para que, luego de verificado que sus documentos estaban en orden y que el accesorio decorado con balas ‘’que inicialmente generó sospechas fundadas en los funcionarios’’ no era más que un simple objeto ornamental, los agentes hayan creado un escenario de presión para que la tutelante se sintiera obligada a dar su número de celular a uno de los funcionarios, con el fin de tener una cita.

De ahí que se resaltara que: “la violencia de género no se limita a feminicidios o golpizas contra la mujer. Existen muchas formas sutiles en las que esta clase de violencia se manifiesta. Justamente este caso es un ejemplo de ese tipo de violencia, puesto que, aunque no se presentaron agresiones físicas, la joven fue puesta en una situación injustificable, tan solo por su condición de mujer”.

Ante la gravedad de los hechos el alto tribunal ordenó a la Policía de Cundinamarca impartir en máximo un mes de curso sobre perspectiva de género en los procedimientos policiales a los uniformados, así como solicitó a la Fiscalía y la Procuraduría adelantar las respectivas investigaciones.

Paola Santofimio – CM&