La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debatirá este miércoles la ponencia que presentó el magistrado Luis Antonio Hernández, en la que va condenando a 3 años y 6 meses de prisión al exfiscal de Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, por corrupción.

Fuentes del alto tribunal revelaron que para fijar el monto de esa condena se tuvo en cuenta el hecho de que Moreno aceptó su responsabilidad en los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.

El proyecto de fallo conocido por CMI narra cómo Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla, se pusieron de acuerdo para solicitar dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de favorecerlo judicialmente.

Para ello se tuvo en cuenta la acusación que hizo en su momento el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho, en la que afirmó que Moreno «tenía a su cargo casos cometidos contra la administración pública entre ellos el de Córdoba, el de hemofilia y la contratación de recursos de regalías”.

Agregó el escrito de acusación que “Moreno a través de Leonardo Pinilla buscó a Alejandro Lyons para manifestarle que a cambio de dinero, Moreno a través de su cargo podría ayudar a las investigaciones”.

“Moreno y Pinilla buscaron a Lyons en Bogotá y se reunieron los tres en un vehículo propiedad del abogado Pinilla. En esa reunión Moreno le dijo que dos señores tramitaban principio de oportunidad y que declararían en su contra, que tenía acceso a esas declaraciones y que podría ayudarlo en su estrategia de defensa. Le solicitaron 100 millones de pesos y un dinero adicional”, indicó el Fiscal.

Moreno Rivera se encuentra actualmente recluido en una guarnición militar a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

Cabe señalar que Moreno, es considerado como un testigo clave dentro del llamado escándalo del ‘cartel de la toga’, y en sus declaraciones ha salpicado al senador Musa Besaile, al exmagistrado Francisco Ricaurte y al actual magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, al afirmar que a cambio de millonarias sumas de dinero se buscaban beneficios judiciales.