La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la petición que había presentado el exsenador Musa Besaile y su defensa sobre anular el llamado a juicio hecho en su contra por el llamado escándalo del “Cartel de la Toga”.

El alto tribunal tomó la decisión al considerar que si bien es cierto que el Congreso de la República creó la doble instancia para aforados constitucionales, esta aún no ha entrado en funcionamiento por lo que la actual Sala Penal no “ha perdido competencia para adelantar el juicio”.

 “No creó acciones transitorias, lo que no costa para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia siga adelantando las actuaciones en curso como fin y deber del Estado, en aras de proteger a las personas contra quien se procede penalmente en forma pronta y cumplida”, indicó el magistrado Eugenio Fernández Carlier.

Señaló que si bien el Acto Legislativo 01 de 2018 modificó la Constitución, no por ello se puede advertir que la “competencia de las actuales Salas de Instrucción y de Casación Penal haya decaído”.

Afirmó “que se debe garantizar el debido proceso, en tanto que no hacerlo implicaría paralizar la justicia, máxime cuando la ley establece que los magistrados que se rehúsen juzgar incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia”.

Agregó el magistrado que la defensa de Besaile no sustentó “cómo se vulnerarían las garantías procesales” y reiteró que a falta de norma de transición “las actuales salas deben seguir desempeñando sus funciones, hasta tanto se implementen” las nuevas salas.

“En otras palabras la reforma constitucional, mantuvo en esta corporación la facultad de investigar y juzgar a los miembros del Congreso, y a los demás aforados constitucionales con lo cual no se produjo una variación sustancial sino simplemente instrumental, ni se destruyeron las bases del fuero constitucional, pues con las mismas se convalidaron garantías ya existentes” explicó.

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Por su parte, el abogado Jaime Granados, quien representa al excongresista afirmó que si bien respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia no la comparte, al explicar que “para dar mayores garantías se debía mantener toda la etapa de juzgamiento y no solo la audiencia final en manos de la nueva sala y no solo la audiencia”.

“Se debía permitir a los nuevos magistrados que conocieran de toda la audiencia incluyendo la preparatoria y ellos decidieran” añadió.

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