El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dejaron en firme la resolución número 434 de 2017, mediante la cual autorizó la extradición a Estados Unidos del exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

El Gobierno tomó la decisión al rechazar el recurso de reposición que había presentado la defensa de Moreno, en la cual solicitaba que se le respetara el debido proceso a su cliente en Estados Unidos, así como el hecho de que se le permitiera la visita de sus abogados y familiares en el sitio de reclusión que designe ese país y que se le permitiera seguir participando como testigo en las investigaciones que se adelantan acá en Colombia por el denominado “cartel de la toga”.

Tanto el presidente Santos como el Ministerio de Justicia afirmaron que la extradición de Moreno fue condicionada en el sentido de que el Gobierno de Estados Unidos no podrá “tener tratos inhumanos” contra Moreno.

Explicó además el Gobierno, que en cuanto a la petición de los abogados de que se ordene y se garantice su visita a Moreno en Estados Unidos, señaló el presidente que es “improcedente” toda vez que las visitas que se deseen realizar, deberán contar con el cumplimiento de los requisitos de las autoridades americanas.

Igualmente frente a la petición de visitas de sus familiares, indicó el Gobierno que “la autorización para que exista contacto entre la persona extradita y su familia, amigos o abogados de su confianza, es un asunto íntimamente ligado con la política de inmigración de cada Estado, pues conlleva el permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre el cual ningún otro Estado puede, ni debe, ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión”.

Gustavo Moreno es solicitado por Estados Unidos, por los delitos de conspiración para el lavado de dinero y fraude electrónico por “transportar o transferir fondos desde un lugar de los Estados Unidos a otro lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover la continuación del soborno a un funcionario público”. 

El exfiscal fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, por haber solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de obstruir las investigaciones que se adelantan en su contra por el “cartel de la hemofilia” y el desfalco de las regalías de ese departamento.

Igualmente el Gobierno ratificó la resolución que autorizó la extradición del abogado Leonardo Pinilla, también investigado por los mismos hechos.