Más de 210 mil habitantes de Córdoba y Sucre estarían en riesgo porque, según la Superintendencia de Salud, están obligados por un tribunal a volver a la polémica EPS Manexka, cuestionada por el desvío de recursos y malos manejos administrativos.

El Gobierno hizo un llamado urgente a la Corte Constitucional para que decrete medidas cautelares en contra de las decisiones del Tribunal Administrativo de Córdoba.

Cabe recordar, que tras encontrar serias irregularidades, hace un año fue decretada la liquidación de Manexka, que además tendría intereses políticos.

La Superintendencia de Salud hizo su propia advertencia sobre la atención adecuada de los pacientes.

Por su parte, las entidades llevan cuatro meses a la espera de un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional.