La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra Edwin José Besaile, gobernador de Córdoba, por el presunto pacto para el pago de dineros a la IPS San José de la Sabana, por la atención de pacientes con hemofilia que nunca existieron.

De acuerdo con el material probatorio recaudado por el ente investigador, «el funcionario aún consciente de las alertas hechas por parte de la Contraloría y otros organismos de control, e ignorando las advertencias de los funcionarios de la Gobernación sobre las presuntas anomalías en el manejo de los dineros, habría viabilizado el pago de $1.525’045.600 a la mencionada IPS, en retribución a los dineros que le habrían sido entregados para la financiación de su campaña a la Gobernación».

Por estos hechos, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, imputó a Edwin Besaile los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, en calidad de coautor, y concierto para delinquir en condición de autor.

En el escrito de acusación, se indica que el entonces mandatario no solo habría beneficiado a la IPS San José de la Sabana, sino también y de manera particular a Guillermo Pérez Ardila, socio de la institución.

Para la Fiscalía, Besaile en su condición de gobernador de Córdoba, “ostenta el cargo más elevado del poder ejecutivo, una posición destacada, que demanda un acatamiento estricto de la ley”.

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