“Con el propósito de evitar su detención y a su vez, obtener decisiones favorables a sus intereses” el senador Musa Besaile pagó “una muy importante suma de dinero a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, entre otros, al magistrado Gustavo Malo responsable” de la investigación que cursa en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares; así inicia el escrito de acusación formal en contra del senador Besaile, conocido por CMI.

El magistrado ponente Luis Antonio Hernández, hace un recuento de todas las pruebas que ha obtenido a lo largo de la investigación y que se ha conocido como “el cartel de la toga”. Escándalo que hoy tiene tras las rejas al congresista Besaile Fayad, al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte y a los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla.

Para ello explica el origen de la investigación, citando, los diálogos sostenidos en la ciudad de Miami, Estados Unidos entre el abogado Leonardo Pinilla Gómez y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus donde le comenta “que por intermedio de Luis Gustavo Moreno, el senador Musa Besaile había pagado una suma importante de dinero para resultar favorecido en un proceso penal adelantado en su contra por la Corte Suprema de Justicia”.

A lo largo del proceso, la Corte Suprema escuchó los testimonios de Luis Ignacio Lyons, Alejandro José Lyons Muskus, Luis Gustavo Moreno, Julio Alberto Manzur, Wadith Alberto Manzur, Ana María Erazo Soler, José Reyes Rodríguez Casas, Javier Enrique Hurtado Ramírez, José Leonidas Bustos, Olga Milena Flórez Sierra, Adriana Fernández Gutiérrez, Franklin Germán Chaparro Carrillo y Sami Spath Storino, los cuales resultaron algunos de ellos claves, para establecer todo el presunto entramado de “corrupción” que se habría gestado entre Moreno, Besaile y Ricaurte.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA DE MUSA BESAILE

La defensa de Besaile, argumentó que no cometió los delitos de peculado por apropiación y cohecho, toda vez que actuó “bajo coacción”.

Es decir, a juicio de la defensa del congresista, todo se trató de una extorsión por parte del exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

Afirmó que Moreno ejerció un acto de violencia moral sobre el senador prevalido de las relaciones “con los más altos círculos de poder judicial en Colombia”, a través del cual lo amenazó con la privación de la libertad y “por puro temor a que se materializara la orden de captura”, el congresista no tuvo más “opción que pagar la suma de dinero exigida”.

ARGUMENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL

Contrario a los argumentos expuestos por la defensa, la Procuraduría General, afirmó que sí existen pruebas para determinar que Besaile “pagó una fuerte suma de dinero, a través de Luis Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte y Luis Ignacio Lyons, con destino al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo Fernández (…) con el propósito de que éste tomara decisiones (…) que lo favorecieran”.

Afirmó que los testimonios de Luis Ignacio Lyons y Luis Gustavo Moreno y las versiones rendidas por Musa Besaile, “indican la existencia de un pacto, entre el senador y la organización liderada por el exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez y de la cual formaba parte el magistrado Gustavo Malo, mediante el cual, a cambio de dinero, se concertó realizar acciones orientadas a retardar el proceso y de esta manera obtener la prescripción del delito investigado”.

Agregó que Moreno señaló “las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron entregados inicialmente 390 millones y, posteriormente, otros 300, y la actuación de Lyons España, al tomar parte del dinero”.

CORTE AÚN ES COMPETENTE PARA ADELANTAR INVESTIGACIONES CONTRA AFORADOS

Dentro de la decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que sí tiene competencia para adelantar la investigación contra el congresista, al aclarar que si bien el acto legislativo 01 de 2018 modificó la constitución y creó la segunda instancia para aforados, ésta aún no ha comenzado a funcionar.

“Resulta absurdo pretender que se detenga la función de administrar justicia en esos casos mientras los poderes públicos correspondientes cumplen con el mandato de implementación de esos nuevos organismos”, agregó.

PRUEBAS CONTRA MUSA BESAILE

“De la entrega de dinero no hay duda”, así lo advierte la Sala Penal de la Corte Suprema al darle credibilidad a los testimonios de Alejandro Lyons, Luis Ignacio Lyons y Luis Gustavo Moreno.

Indicó que pretender argumentar que hubo una extorsión “para pagar una suma de dinero con el fin de detener una decisión judicial es una disculpa inaudita” pues “la coacción supone el empleo de violencia física o moral y en el presente caso no ocurrió”.

La Corte advierte que “el acto de pagar a los jueces es un acto ilegal y desestabilizador de un Estado cuya legitimidad se sustenta en la construcción del orden justo” por lo que en este caso y dado a la investigación que se adelanta contra el senador por parapolítica, su deber era “acatar las órdenes judiciales y la posibilidad de discutir por medios legítimos decisiones de esa naturaleza, en el caso de tener que enfrentarlas”.

DECLARACIÓN DE JULIO MANZUR Y FRANKLIN GERMÁN CHAPARRO

La Corte tuvo en cuenta los testimonios que entregaron tanto el exsenador Julio Manzur como el exalcade de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro, quienes contrario a lo manifestado por el senador Musa Besaile, afirmaron que “no fueron objeto de coacción por parte de Moreno Rivera”.

Manzur negó haber sido coaccionado por Moreno. Afirmó que de “haberse presentado dicha situación no hubiera dudado en formular la denuncia respectiva”.

El exalcade, Franklin Chaparro, desmintió que Moreno lo haya “extorsionado” y aclaró que “lo que le propuso fue un acto de corrupción”. Agregó que Moreno le ofreció “obtener una decisión favorable en el recurso de casación interpuesto en su caso, a cambio de 1500 millones de pesos”.

DECLARACIÓN DE LUIS GUSTAVO MORENO

Uno de los testimonios claves que llevó a la Corte a acusar formalmente al senador Besaile, fue el que rindió el abogado Luis Gustavo Moreno.

Moreno afirmó haber concertado con Besaile el pago de 2000 millones de pesos “como contraprestación a los actos de corrupción que él y otros funcionarios y exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia llevarían a cabo para evitar decisiones en su contra (…), de manera que si el mismo senador aceptó que pagó ese dinero con el fin de frenar o evitar decisiones judiciales (…) la adecuación de su conducta de tipo penal de cohecho es inobjetable”.

Tan creíble resulta para la Corte el testimonio de Moreno, quien determinó que “la relación entre él (Moreno) y Musa Besaile no fue fortuita, ni el resultado de ocasionales coincidencias, y que sus sórdidos pactos no fueron el producto de la coacción de un fugaz conocido, sino la concertada negociación entre personas con indiscutible grado de confianza, en las que intervino para conferirle cierto toque de seguridad el ex magistrado Francisco Ricaurte, amigo cercano del doctor Gustavo Malo, quien como magistrado ponente del caso tenía la capacidad de maniobra procesal que un pacto ilícito de esa naturaleza requería”.

REUNIONES ENTRE GUSTAVO MORENO Y MUSA BESAILE

La Corte recordó la reunión que hubo con Moreno Rivera, en la cual Besaile le exigió compromisos concretos tales como “buscar una preclusión del proceso o un auto inhibitorio” pero ante la explicación de que eso no era posible, el senador se molestó y pidió hablar con el doctor Ricaurte; según Moreno lo hizo en los siguientes términos “yo quiero hablar con el dueño del circo y no con los payasos”.

PAPEL DEL EXMAGISTRADO FRANCISCO RICAURTE

Para la Corte no queda duda de que en este escándalo de presunta corrupción, la intervención del ex magistrado Francisco Ricaurte Gómez “fue fundamental”, pues el magistrado afirma que “era quien tenía la relación directa por su reconocida amistad con el magistrado Gustavo Malo Fernández y (…) porque asumió la coordinación del soborno”.

“La prueba demuestra es que necesariamente se debía contar con el servidor público a cargo del proceso, pues no de otra forma se garantizarían los acuerdos realizados, orientados a paralizar decisiones que afectaran los intereses del senador Musa”, añadió.

PAGOS SE REALIZARON CON DINEROS ILÍCITOS

“Se demostró en la investigación que parte de la suma del arreglo ilícito provenía de dineros del Estado,” así lo afirma la Corporación Judicial al citar para ello la declaración que entregó el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, como parte de su compromiso adquirido con la Fiscalía General de la Nación.

“En febrero de 2015 Lyons Muskus habló con Musa Besaile afuera de la Pesquera Jaramillo, ubicada en el Parque de la 93 de Bogotá. Éste le manifestó que le pedían una suma de dinero muy importante con el fin de evitar su captura, medida que al parecer se ordenaría en el proceso que por parapolítica adelanta la Corte. (…) Días después hubo una nueva reunión con Musa Besaile en Montería, le informó que algunos magistrados de la Corte le habían exigido a través de Luis Gustavo Moreno dinero para evitar su captura (…) él había acordado con ellos un valor de dos mil millones de pesos, me dijo que sí podía darle mil millones de pesos para completar esa plata que ya había conseguido parte de la misma”, indicó Lyons en su declaración.

La Corte dio credibilidad al testimonio, al indicar que el exgobernador explicó como fue la entrega del dinero al congresista y bajo qué circunstancias se dio la misma.

“Dinero se entregó entre febrero y marzo, Lyons entregó a Besaile 600 millones de pesos en efectivo, 400 millones que tenía en su casa y 200 millones que le llevó Sami Spath quien estuvo presente en la entrega del dinero al senador Besaile Fayad”, agrega el texto.

Agrega que incluso Lyons aseguró que el dinero entregado a Besaile en 2015 para el tema relacionado con la Corte, “no obstante que pertenecían al fondo común de dineros obtenidos por corrupción administrativa, provenían de los pagos realizados por Guillermo Pérez, quien junto a Eder Pérez y Rubén Guerra, eran contratistas que atendían los pacientes con hemofilia”.

Para la corte es claro que Besaile a sabiendas pagó una importante suma de dinero para resultar favorecido en un proceso penal adelantado en su contra y “una buena parte de ese dinero correspondería a comisiones de contratos suscritos por la gobernación de Córdoba, entregadas al congresista hacia febrero de 2015 por el entonces gobernador de Córdoba, Lyons Muskus”.

VÍNCULOS EDWIN BESAILE, MUSA BESAILE Y ALEJANDROS LYONS

Lyons Muskus relató en detalle que en el mes de diciembre de 2013 se reunió con Jesús Henao, representante de las empresas con las cuales la Gobernación contrataría, con dinero proveniente de las regalías, 4 proyectos de ciencia y tecnología aprobados por Colciencias, y con Jairo Zapa, para acordar “la comisión que me debían entregar a mí para que yo pudiera repartirla con mi socio Musa Besaile”.

“Lyons Muskus reconoce que si bien todos los políticos que lo apoyaron recibieron cuotas burocráticas, fue el senador Musa Besaile con quien hizo el pacto relacionado con la apropiación ilícita de los dineros públicos para garantizar la continuidad de su proyecto político, como en efecto ocurrió, al resultar elegido como Gobernador para el siguiente periodo su hermano Edwin Besaile”, agrega el fallo.

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

La Corte decidió mantener la medida de aseguramiento contra el congresista al argumentar que se demuestra “el grave daño al bien jurídico de la administración pública realizado por una persona a quien le es exigible un comportamiento acorde con su posición, liderazgo y su capacidad de optar por una conducta compatible”.

“A juicio de la Sala se estima necesaria la detención preventiva carcelaria en aras de asegurar la comparecencia del procesado al juicio y a la eventual ejecución de la pena, en caso de resultar condenado”, agrega.