La ONG Corporación Jurídica Yira Castro entregará mañana a la Justicia Especial para la Paz (JEP) un informe que detalla el desplazamiento y el despojo de tierras a campesinos del departamento del Magdalena, por parte de paramilitares.

«Si bien la lectura oficial mayoritaria que se ha hecho del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia apunta a considerarlo como una consecuencia del conflicto armado interno, el caso del Magdalena permite demostrar que más allá de que el conflicto armado ha permeado muchas otras dinámicas de violencia, se trata más bien de una estrategia organizada de abandono y despojo forzado», explica la Corporación en un comunicado.

El documento está dedicado a los desplazados del Magdalena, que a finales de la década de los 90 y principios del 2000 fueron víctimas de masacres, homicidios y desapariciones, por lo que tuvieron que abandonar sus tierras «para huir de la violencia y sobrevivir en las peores condiciones».

La ONG explica que a partir de pactos que firmaron políticos de la región con jefes paramilitares de las desmovilizadas AUC se consolidó un «Bloque Contrainsurgente».

Ese grupo estaba conformado por autoridades nacionales, regionales y locales que se identifican como terratenientes, ganaderas, empresariales y políticas, así como por narcotraficantes, militares y civiles.

La información agrega que las AUC «serían los principales ejecutores de las atrocidades que ocasionarían los abandonos forzados» en esa parte del país tras consolidarse «como grupo paramilitar unificado en 1997».

Los casos más representativos de desplazamiento y despojo de tierras ocurrieron en los municipios de Chibolo, Plato, Sabanas de San Ángel, Remolino y Salamina.

Publicidad

En su informe a la JEP, la Corporación recomienda la necesidad de avanzar en la implementación de la Reforma Rural Integral planteada en el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

También plantea la necesidad de aumentar el presupuesto destinado para las restituciones y reparaciones de las víctimas de desplazamiento, y aboga por la articulación interinstitucional de la que, dice, es una de las claves para que los procedimientos de la restitución de tierras ganen en eficacia y celeridad.