El fiscal general, Néstor Humberto Martínez entregó los primeros resultados de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía en materia de compra de votos en las pasadas elecciones parlamentarias.

El jefe del ente investigador hizo referencia a la operación “Casa Blanca” que se trata de una verdadera empresa criminal, según Martínez la red de compra de votos inicialmente favoreció a la candidata Aida Merlano en Barranquilla.

2112 horas de video y audios en la investigación permitió a la Fiscalía confirmar que se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de distintas campañas políticas. Las evidencias muestran que esa organización operó cuando menos, desde el año 2015, para aquellas elecciones de la época.

Sus gestores manifestaban que para la próxima campaña todo iría a estar mejor porque iban a trabajar con nuevos sistemas, es decir que se estaba proyectando esta empresa criminal.

“Esto era la danza de millones, dado el volumen de las sumas recaudadas estas eran depositadas en lugares estratégicos de “Casa Blanca” y hasta en la propia banera de la edificación”, explicó Martínez.

“Las pruebas muestran que para las elecciones al Congreso de 2018, esta organización criminal patrocinó la candidatura de Lilibeth Llinás, número 107 en el tarjetón de su propio partido para la cámara de representantes por el departamento del Atlántico”, indicó Martínez.

Casa Blanca organizaba toda su actividad a través de un personas de trabajo para el debate, con roles definidos. Se configuró una categoría que se llamaba los didactas, que eran los encargados de enseñarle a votar a los electores y eran también testigos electorales.

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Según el fiscal, el senador electo Fabián Castillo, tenia a un enlace que había comprado varios votos en Ciénaga, e incluso había buscado al director de Fiscalía para que no fuera detenida esta persona.

“Allí solicitó tomar contacto con nuestro director seccional de la Fiscalía en Santa Marta y le pidió ayuda para que el señor Sergio Lora no fuera judicializado”, sostuvo el jefe del ente investigador.

Asimismo, la red de compra de votos se extiende hasta Medellín, donde la campaña de la representante electa Margarita Restrepo habría prometido viajes a San Andrés y hasta televisores.

“Ofreció a sus votantes de manera subsidiada viajes a San Andrés islas por un valor de 120.000 pesos, tabletas a 30.000 pesos y televisores para el mundial de fútbol debemos suponer que de 49 pulgadas, por 350.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el tarjetón 102 de su partido”.

La otra representante a la Cámara, que estaría involucrada en estos hechos, es María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. Si bien, el fiscal no le pidió a la Corte Suprema indagar a la parlamentaria, sí se investiga si varios profesores de Kennedy fueron obligados a votar por esta representante.

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