La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo que destituyó e inhabilitó por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile y al exgobernador, Alejandro Lyons, por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.

El fallo de segunda instancia encontró probado que “Besaile y Lyons no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, que ordenaron pagos por $4988 millones para cubrir terapias de rehabilitación a 2181 menores de edad en condición de discapacidad, en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que mediara relación contractual entre la gobernación y Funtierra Rehabilitación IPS”.

El Ministerio Público, también confirmó la destitución e inhabilidad por 11 años de los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lourdy y José Jaime Pareja Alemán, “por ordenar el pago de las terapias”.

La Procuraduría ratificó la acusación a los disciplinados “de ordenar los pagos bajo el argumento de estar cumpliendo fallos de tutela, que realmente decretaron la prestación del servicio omitiendo la celebración de un contrato previo que generara la obligación del pago”.