La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “revocar el ingreso del exsenador Álvaro Ashton, por los casos relacionados con el denominado ‘cartel de la toga’, que conoce actualmente la justicia ordinaria”.

Al presentar un recurso de apelación ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que “los delitos por los que es investigado, que hacen referencia a cohecho y amenaza a testigo, no tuvieron relación con el conflicto armado y por lo tanto no son competencia de la JEP”.

Agregó el órgano de control que “no puede aceptarse la voluntad de ofrecer verdad por conductas cometidas con el interés personal de manipular las decisiones de los jueces, tal como ocurrió en el llamado ‘cartel de la toga’”.

La Procuraduría indicó que “el objetivo del Acuerdo Final es lograr una paz estable y duradera, la cual no será posible si se releva a la justicia ordinaria de investigar y juzgar asuntos de su competencia, los cuales ocurrieron en desmedro de la institucionalidad”.

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El Ministerio Público precisó que “no se puede permitir que las conductas de cohecho y amenaza de testigo por las que la JEP aceptó el sometimiento de Ashton, se confundan con los hechos del conflicto armado, más aún cuando no fueron cometidas para favorecer o colaborar con grupos armados y tampoco para financiar el conflicto armado interno”.