La Corte Constitucional rechazó la demanda que presentó el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, contra la ley 1881 de 2018 mediante la cual se creó la doble instancia para los procesos de pérdida de investidura que adelante el Consejo de Estado contra congresistas.

El alto tribunal, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, tomó la decisión al determinar que la demanda no cumplía con los requisitos mínimos de ley, así como el hecho de que no fue subsanada dentro de los tres días máximo que permite la norma.

En su momento, Bustos presentó una demanda contra dicha ley al considerar que consideró que la nueva Ley sustituye a la Constitución y que impone nuevos requisitos para la presentación de demandas de pérdida de investidura.