Inocente se declaró el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, uso abusivo de información privilegiada y tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía por el escándalo de corrupción que hoy lo tiene privado de la libertad.

Graves fueron los señalamientos que hizo el fiscal delegado en contra de Ricaurte, a quien acusó de liderar una organización criminal

La juez 40 de control de garantías, quien adelantó la audiencia de imputación de cargos contra el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, por presuntos actos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, determinó que la captura del jurista es legal.   

Según reveló la Fiscalía General, Ricaurte había participado en la dilatación de seis procesos entre ellos tres congresista y dos exgobernadores.

El fiscal Jaime Camacho afirmó que Ricaurte hacia parte de «una organización criminal que afectó la impartición de justicia». Y se reunió en varias ocasiones «en restaurantes, hoteles y en la casa de Ricaurte, incluso fuera del país».

El fiscal aseguró que era tal el «poder» de la organización que «manipulaban los testimonios y obtenían decisiones favorables».

Aclaró que en caso de no lograr decisiones favorables «la estrategia era dilatar los procesos».

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En seis casos Ricaurte buscó intervenir en las investigaciones

Caso 1 Senador Álvaro Ashton

El fiscal reveló que el senador Álvaro Ashton se comunicó en 2013 con el exmagistrado Francisco Ricaurte «y se reúnen en diferentes sitios; en la oficina de la Judicatura y en el Congreso».

Indicó que se acordó el pago de $1200 millones «para lograr el archivo de la investigación» de parapolítica que se adelanta contra el congresista «pero ese resultado no se materializa porque un archivo no pasaría en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia».

Aseguró que al no lograr el archivo de la investigación «se cambia la estrategia y dilatan la investigación con miras a la prescripción».

Reveló que «se acordó la cifra» y Ricaurte «recibió 400 millones de pesos» dineros que también iban dirigidos al exmagistrado José Leonidas Bustos, Luis Gustavo Moreno, Luis Ignacio Lyons y el actual magistrado Gustavo Malo».

Caso 2 Senador Musa Besaile

En este capítulo, el fiscal reveló que se ordenó al entonces abogado Luis Gustavo Moreno comunicarse con Musa Besaile, dado a que en su contra cursaba una investigación por parapolítica.

«Después de varias reuniones acordaron el pago de dos mil millones de pesos con miras a evitar la captura que se iba a proferir en su contra» afirmó.

Aclaró que en ese momento se informa que ya estaba lista una parte del dinero «$900 millones de los cuales usted recibió $290 millones» y una segunda entrega que fue en la casa de Moreno «dónde se le entrega a Ricaurte $250 millones para un total de $530 millones», finalmente lo $1300 millones restantes «los recibió directamente de Musa Besaile, suma que debía pagarle a Bustos».

Caso 3 Alejandro Lyons

Camacho reveló que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons «se contactó con el abogado Camilo Tarquino para obtener una ayuda» pues según señaló era necesitado que «las altas Cortes tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en el tema de regalías».

Agregó que Lyons le entregó $30 millones, pero Tarquino afirmó que «debía pagar $20 mil millones para solucionarle los problemas».

«Afirmó que había un equipo de magistrados para intervenir en los procesos entre los que estaban Ricaurte y Bustos» afirmó.

Caso 4 exsenador Julio Manzur

En este otro capítulo el fiscal Jaime Camacho indicó que en diciembre de 2014, un mes antes de que se capturara al excongresista Julio Manzur, él «recibió información privilegiada de su proceso» según la cual se venía «una orden de captura».

«Moreno ofreció sus servicios por $2 mil millones de pesos, oferta que Manzur rechazó y la corte lo captura» expresó.

Caso 5 el exgobernador Juan Carlos Abadía

En este caso el fiscal indicó que se evidenció contactos entre el exfiscal Alfredo Betín y el exmagistrado Ricaurte para «archivar la investigación y evitar hacer imputaciones» en contra del exgobernador Del Valle, Juan Carlos Abadía.

«En una de las actuaciones, estaba obligado a formular imputación a Abadía, (…) y finalmente ante las presiones de la nueva Fiscalía la imputación tuvo que ser formulada».

Caso 6 Fonade

Finalmente indicó que entre 2014 y 2015, el magistrado Gustavo Malo tenía asignado el caso de parapolítica de Musa Besaile.

Y que precisamente en ese despacho estaba Carlos Bula, quién se desempeñó como adjudicante de Malo, «su hermano Alfredo Bula fue nombrado director de Fonade por su ayuda».

«Se puede inferir que Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos» añadió.

 

Las pruebas contra Ricaurte

El fiscal afirmó que para lograr evidenciar toda «esa estructura crimínal» se utilizó como una de tantas pruebas, las conversaciones que la DEA grabó entre el exgobernador Alejandro Lyons y los abogados Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno.

También se tuvo en cuenta la declaración que entregó el exfiscal Moreno quién «da cuenta de que Ricaurte no solo conocía de los hechos, sino que recibió de Moreno $530 millones».

Otro de los testimonios que se tuvo en cuenta fue el del senador Musa Besaile quién «reconoce la existencia de esos contactos».

Medida de aseguramiento

El fiscal finalmente solicitó ante la juez que se imponga medida de aseguramiento contra Ricaurte al considerar que «son hechos que no tienen precedencia en la historia de Colombia (…) Nunca antes se había prostituido la profesión de abogado».

«Ricaurte traspasó la inhibición de los comportamientos debidos, puede esperarse que desde su profesión de abogado continúe con la actividad delictiva por razón de los vínculos que aún tiene en la corporación judicial» afirmó.

“Soy inocente y Moreno es un mentiroso”   

La declaración del exmagistrado Francisco Ricaurte se dio a su llegada a la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en los juzgados de Paloquemao, dentro del proceso que se le adelanta por presuntos actos de corrupción, que ocurrieron en la Corte Suprema de Justica cuando la presidía.

Luis Gustavo Moreno reconoció que se acordó el cobro de dos mil millones de pesos al senador Musa Besaile, y que el magistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo, tenía pleno conocimiento sobre los hechos.

PAOLA SANTOMIFIO – REDACCIÓN INTERNET – CM&