La Fiscalía General de la Nación ha vinculado a procesos penales a 153 personas, por suscribir de forma irregular contratos para enfrentar la emergencia, desatada por la COVID-19.

Según el reporte de la entidad, son 40 alcaldes, tres gobernadores, dos concejales, además de 67 funcionarios de otros rangos y 14 contratistas, quienes ya fueron presentados ante los jueces de la República, para que respondan por cargos como peculado y celebración indebida de contratos.

El problema por los convenios llevó al fiscal general Francisco Barbosa, a ordenar que se inicien procesos de extinción de dominio para detectar el paradero de los recursos.

La Fiscalía indaga más de 6.000 contratos firmados durante la emergencia, los cuales tienen un valor superior a los 667 mil millones de pesos.