La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia absolutoria proferida a favor de un coronel en retiro de la Policía quien había sido condenado por su participación en actos de tortura contra un civil.

A pesar de que en el 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por no haber protegido los derechos de la víctima de tortura, la Sala Penal de la Corte no encontró pruebas que vinculen al oficial con dichos actos.

Los hechos ocurrieron en 1994 cuando miembros del grupo UNASE, bajo las órdenes del oficial de la Policía, capturaron a la víctima después de supuestamente recibir un paquete con tres millones de pesos, producto de un delito, y lo torturaron.

La Sala Penal analizó el caso y no encontró pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad del acusado, pese a la condena proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«La condena al Estado colombiano por incumplimiento de sus obligaciones de investigar de manera eficaz el hecho violatorio de los derechos humanos de la víctima, no hace ipso facto culpable al oficial por el delito que fue acusado», indica la sentencia.

El fallo señala que esta decisión no desconoce ni controvierte la sentencia de la Corte Interamericana porque cuando se juzga al Estado en esta clase de juicio las pruebas contra el acusado no son objeto de confrontación.

«La garantía mínima de confrontar la prueba a la cual tiene derecho todo procesado no puede ser sacrificada, so pretexto del equivocado entendimiento sobre el alcance de la decisión que compromete únicamente la responsabilidad del Estado y no la del individuo, que no es  parte en ese proceso», concluye la decisión de la Corte Suprema.