La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 87 bienes que pertenecerían a los exgobernadores de Guainía, Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliecer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida, Camilo Andrés Puentes Garzón.

Los exfuncionarios están vinculados formalmente a procesos penales por su presunta participación en una situación de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual.

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Al parecer, esto relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión.

Rodríguez Sánchez ejerció el cargo de gobernador entre 2012 y 2016; mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016 – 2019.

Los exmandatarios fueron capturados e imputados por diferentes delitos, entre estos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.

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Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI en Chía y Cajicá (Cundinamarca), Inírida (Guainía) y Villavicencio (Meta). Se trata de 72 predios rurales, 7 urbanos, 4 vehículos, 3 sociedades y 1 establecimiento de comercio avaluados preliminarmente en cerca de 22.000 millones de pesos.

Estas acciones fueron apoyadas por uniformados del Ejército Nacional. La Fiscalía estableció que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas a los exfuncionarios. Los bienes quedarán a disposición la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración