El allanamiento que hizo la Fiscalía General de la Nación el 11 de marzo del presente año a la sede de campaña de la exrepresentante a la Cámara y senadora electa Aida Merlano, ubicada en la ciudad de Barranquilla, fue una de las pruebas claves que tuvo en cuenta el Consejo de Estado para decretar la muerte política de la excongresista.

Así lo revela el magistrado ponente Carlos Zambrano, quien en una sentencia de 41 páginas desglosó los argumentos por los cuales, se encontró responsable a Merlano de haber incurrido en la falta de haber superado el tope máximo de la financiación de la campaña electoral establecido por la ley.

Indicó que según la información recolectada “es claro que ochocientos ochenta y cuatro millones ciento treinta y dos mil ciento sesenta y tres pesos con diez centavos ($884.132.163,10) es el monto máximo de gastos que cada uno de ellos (candidatos al Congreso) podía invertir en su campaña política, para los comicios electorales del 11 de marzo de 2018”.

Pruebas de la Fiscalía General

La corporación judicial reveló que la diligencia realizada por la Fiscalía General, el pasado 11 de marzo, permitió el hallazgo de “$261.441.000 en efectivo, cuatro armas de fuego, cartuchos de varios calibres, celulares, computadores, discos duros, discos compactos, cajas de seguridad, lectores de códigos de barras, máquina contadora de billetes, 64 personas (cinco de ellas fueron capturadas) y abundante prueba documental, entre la que se destaca publicidad alusiva a la campaña de Aida Merlano”.

Agrega que además se encontraron “libretas de cobro, recibos de caja, lista de pagos de altas sumas de dinero, certificados electorales, listados de votantes (identificados por su nombre, cédula y número de celular), comprobantes de retiro de dinero de cajeros electrónicos, contratos de arrendamiento de inmuebles, hojas de vida, actas de entrega de dinero a líderes zonales, instructivos para éstos, facturas y talonarios, todo lo cual quedó registrado en actas, en álbumes fotográficos y en un informe elaborado por el analista del caso”.

Agrega además que las sumas de dinero relacionadas en el expediente corresponden, principalmente, “a retiros de cajeros electrónicos, pagos en efectivo y consignaciones bancarias realizadas a distintas personas (…) existen varios indicios, no desvirtuados por la demandada, que llevan a la sala al convencimiento de que dichos montos corresponden a gastos realizados por la campaña de Aida Merlano Rebolledo de cara a las elecciones al Senado de la República, para el período constitucional 2018 – 2022”.

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Por lo que el magistrado afirmó que con base en las pruebas recolectadas en ese allanamiento se llega a la conclusión de que “la campaña política de Aida Merlano Rebolledo al Senado de la República, para el período constitucional 2018 – 2022, gastó, según la prueba documental acabada de referir, cuando menos, $1.730.052.356, suma que no incluye los $261.441.000 en efectivo que fueron encontrados por las autoridades el día en que se produjo el allanamiento a su sede de campaña, pues tal suma de dinero no alcanzó a ser gastada”.

Papel de Aida Merlano

En la sentencia, el magistrado afirma que la excongresista según las pruebas recaudadas por la Fiscalía y que fueron encontrados en su sede de campaña política durante la diligencia de allanamiento “permite asumir, sin duda, que ella estaba al tanto de lo que allí ocurría; de hecho, no obra prueba en el plenario que indique lo contrario”.

Agregó que el hecho de que Merlano Rebolledo haya omitido “sin justificación alguna, presentar el informe individual de ingresos y gastos de su campaña política al Senado de la República, para el período constitucional 2018 – 2022 (…) así como el incumplimiento de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria (para el manejo de los recursos) y la falta de registro de los asientos contables en el “Módulo de Ingresos y Gastos” evidencian el propósito de ocultar el flujo de gastos de su campaña”.

“La demandada tenía conocimiento de los movimientos financieros realizados por su campaña política de cara a los comicios del 11 de marzo de 2018, en los que aspiraba (en representación del partido conservador colombiano) a obtener una curul al Senado de la República, toda vez que la prueba documental en la que constan tales movimientos fue encontrada, precisamente, en su sede política”, agregó el fallo.

A juicio del magistrado tal comportamiento resulta reprochable al afirmar que “atenta gravemente contra los principios de igualdad, transparencia y pluralismo político que deben caracterizar toda contienda electoral y, de paso, quebranta la voluntad de los electores y debilita la democracia, en la medida en que la violación de los topes máximos de financiación, por el excesivo gasto de las campañas, producen un fuerte desequilibrio frente a candidatos que no cuentan con mayores recursos”.

“Para la sala, las pruebas valoradas permiten establecer, sin duda, que la campaña política de la señora Aida Merlano Rebolledo al Senado de la República, para el período 2018 – 2022, vulneró los topes máximos de financiación electoral y que ello se produjo con su aquiescencia, lo cual denota un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal y con ello obtener un provecho para garantizar su elección al Congreso de la República, como en efecto ocurrió”, añadió.

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