La Corte Constitucional tumbó el Artículo 13 de la Ley de Racionalización de Trámites de 2020 que disponía que los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, debían pagarle al MinHacienda el 20 % de lo que recaudaran, por el cobro de estampillas, una vez al año.

 

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Según el artículo que se acaba de caer por orden de la Corte, ese porcentaje tenía como propósito el financiamiento de funcionalidades tecnológicas al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Para la Corte, dicha obligación a las alcaldías y gobernaciones “constituía una infracción de la autonomía financiera territorial reconocida en el Artículo 287 de la Constitución”.