Al menos 2.588 familias integradas por 7.822 indígenas de la comunidad Awá de los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca y comunidades afro del corregimiento de Jardines de Sucumbíos se encuentran en riesgo de afectación a sus derechos por cuenta de la disputa por el control territorial entre disidencias de las Farc.

Así quedó establecido en la Alerta Temprana 022 de 2022 que emitió la Defensoría del Pueblo, en la que se documentaron riesgos e impactos humanitarios para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos (Nariño), además los Resguardos y Cabildos Awá en Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón (Putumayo) y Piamonte (Cauca).

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“En la Defensoría del Pueblo hemos emitido esta Alerta Temprana por la disputa territorial entre grupos armados ilegales y por los hostigamientos armados, amenazas en contra de las comunidades y autoridades étnicas, confinamiento, homicidios y desplazamientos forzados”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

“Estos escenario afectan de manera directa los derechos territoriales, la autonomía y participación de estas comunidades étnicas”, agregó.

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Por estas disputas territoriales de las disidencias, las 49 comunidades indígenas Awá y otros pueblos étnicos pueden ver vulnerados sus derechos al no poder realizar prácticas para su supervivencia como la caza, la pesca y la utilización de ciertas zonas para adelantar la medicina tradicional o rituales propios de su cultura.

El análisis hecho desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo considera que también existe reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad sobre quienes los actores armados ilegales estarían realizando ofertas a niñas, niños y adolescentes para hacer parte de las estructuras armadas.

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La Defensoría entregó 20 recomendaciones en las que exhorta a entidades nacionales y regionales para que adopten medidas humanitarias para proteger a estas comunidades reconociendo las formas de organización propia de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En las recomendaciones se enfatizó el carácter humanitario de las AT y el deber de las entidades estatales de promover acciones sin daño y bajo una perspectiva de prevención y seguridad humana.

También se profundizó el análisis de riesgo en perspectiva étnica para el Pueblo Awá en varios municipios de Putumayo y Cauca, que ya se encontraban alertados desde 2021.