Frente al pronunciamiento de las últimas horas de organizaciones de Derechos Humanos en el que exigían una visita urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que constate la situación crítica que vive el país por el asesinato de líderes y dirigentes sociales, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, desde Ginebra a través de su vocero, mostró gran preocupación frente a estos lamentables hechos.

»Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinados en Colombia durante el año 2019», indica un aparte de la comunicación.

Según los registros de la organización, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y su equipo en Colombia continúa en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos.

Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos ya se habían intensificado durante el 2018, cuando 115 asesinatos fueron confirmados por ONU Derechos Humanos en Colombia. Y esta terrible tendencia, no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 defensores de derechos humanos, de acuerdo con información preliminar, habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero.

»Reiteramos nuestro llamado a que el Gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones. El ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación», explica otro texto de la información.

La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos (98 %) en municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados, y el 86 % del número total, tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional. Si bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en solo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá), los asesinatos se registraron en 25 departamentos diferentes. El grupo más afectado, fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos. Los asesinatos de mujeres defensoras aumentaron en casi un 50 % en 2019, en comparación con el año 2018.

»Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de DD.HH. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reitera que cualquier ataque contra los defensores y defensoras es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos», agrega la misiva.

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La organización explica que hubo una serie de factores adicionales que contribuyeron a esta situación, incluida la penetración de grupos criminales y de grupos armados vinculados a economías ilícitas en áreas desocupadas por las Farc-EP, el favorecimiento por parte del Gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia, los continuos desafíos en la implementación del acuerdo de paz, especialmente lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo, la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas, también ha jugado un papel importante.

»Reconocemos algunos avances positivos, como es la reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que fue convocada a principios de año por el Gobierno para abordar este problema. No obstante, la sorprendente cantidad de asesinatos muestra claramente que aún queda mucho por hacer. Hacemos un llamado a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos en aras de garantizar un entorno libre y seguro para el participación cívica y aumentar la presencia de autoridades civiles estatales en áreas rurales para proporcionar servicios básicos como salud y educación. Medidas de protección colectiva que busquen proteger áreas geográficas o comunidades deben desarrollarse aún más», subraya finalmente el pronunciamiento.